La inmunidad bajo análisis: ¿Debe eliminarse o reformarse?

Los casos del congresista Edwin Donayre (APP) y del fiscal supremo Pedro Chávarry, que hasta ahora no son puestos a disposición de la justicia por gozar del derecho a la inmunidad parlamentaria y el antejuicio, ponen los reflectores -una vez más- sobre estas prerrogativas constitucionales.

Este Diario conversó con el constitucionalista Luciano López, con el representante de Idea Internacional en el Perú, Percy Medina, y con la congresista Gloria Montenegro (APP), quienes plantean salidas para eliminar en parte esta figura o para reformarla.

¿Se debe eliminar la inmunidad parlamentaria en el país?

Luciano López:
"Yo creo que no se debe eliminar. Lo que se tiene que hacer es reformar. Pese a que vamos a cumplir 200 años como república, todavía somos una democracia inmadura y estamos expuestos a cualquier exabrupto que pueda ocurrir si elegimos, por ejemplo, a un Hugo Chávez o Nicolás Maduro como presidente. Frente a un riesgo de esa naturaleza la inmunidad parlamentaria termina siendo un instrumento útil. Si tuviéramos una democracia madura sí te diría 'hay que abolirla'".

Percy Medina:
"No creo que eliminarla, pero sí acotarla de tal manera que no se convierta en impunidad. Y que sobre todo permita defender los votos y opiniones de los congresistas".

Gloria Montenegro:
"Yo creo que [eliminarla] debe ser el camino y no solamente para los congresistas sino para fiscales y jueces porque nos hemos dado cuenta cómo el señor César Hinostroza [juez destituido a la espera de su extradición de España] abusó del tema. O cómo el fiscal supremo Pedro Chávarry abusa del tema, y cuántos congresistas abusan de la inmunidad parlamentaria. Debe regularse".

¿De qué manera se puede reformar esta figura?

Luciano López:
"Planteo una fórmula que expliqué en una reunión con la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Hay un órgano constitucional al que la Constitución le ha atribuido la labor de ser el supremo intérprete de la Constitución y es el Tribunal Constitucional. Por tanto, habría que ampliarle las facultades para que este pueda autorizar el levantamiento de la inmunidad. El pedido lo formularía el Poder Judicial al TC, que, para decidir si concede el levantamiento de la inmunidad, emplazaría al Congreso a que, en un plazo corto, la cuestione con base en móviles políticos. Y si no se plantea, acredita y sustenta, deberá concederse el procesamiento o arresto del congresista. Esta nueva atribución para el TC tendría que hacerse vía reforma constitucional".

Percy Medina:
"En primer lugar habría que garantizar que todos los procesos abiertos con anterioridad a la elección y que se refieran a hechos ocurridos antes de la elección del parlamentario puedan seguir su curso regularmente. Y luego garantizar mecanismos adecuados para que los nuevos hechos, una vez elegido el congresista, puedan ser evaluados de manera expeditiva. Y sobre todo para descartar que en el procesamiento haya una motivación política. Una posibilidad también podría ser que la inmunidad la levante, vía reforma constitucional, algún órgano diferente del Congreso como el TC o la Sala Plena de la Corte Suprema. Otra posibilidad es que se establezca una suerte de silencio negativo y que la Corte Suprema solicite al Congreso el levantamiento de inmunidad de un parlamentario y que el Congreso tenga un plazo para responder denegando la solicitud, con una mayoría calificada. Si no actúa se entiende como levantada la inmunidad".

Gloria Montenegro:
"Se debe regular para casos especiales y que requieran de la inmunidad en momentos que cumplimos nuestras funciones. Por ejemplo, si voy a investigar algún caso relacionado a los Sánchez Paredes en La Libertad, voy a correr riesgo, ellos van a tomar represalias, en ese caso necesito la inmunidad. Si estamos en una actividad de convocatoria de la minería informal y se presentan denuncias por parte de ellos, en ese momento debemos tener, pero termina el problema y se levanta el candado. Bajo ningún caso debe haber en casos traídos antes de estar en la labor parlamentaria. Comos los casos de Edwin Donayre y Benicio Ríos. Ellos llegaron con el problema, nosotros [en la bancada] ni sabíamos. También creo que en la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad, previa modificación del reglamento del Congreso, el levantamiento debe ser automático ante la solicitud del Ministerio Público y el Poder Judicial, y no debe pasar a investigación o al Pleno".

¿Se debe eliminar esta prerrogativa para los altos funcionarios del Estado como los vocales y fiscales supremos?

Luciano López:
"Para mí sí. No tiene sentido en el caso de los fiscales y jueces supremos, es más existe un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que plantea la eliminación del juicio político. Estos funcionarios, como son los jueces supremos, los fiscales supremos, los miembros del TC, los miembros del ex CNM, del JNE, tienen una prerrogativa de inmunidad pero que se llama derecho al antejuicio político. Es decir, solo pueden ser acusados constitucionalmente. Pero otra vez, eso se plantea ante el Parlamento, entonces podría ser un instrumento para chantajear o presionar a otros órganos del Estado. Sí debería abolirse la figura del antejuicio político para jueces y fiscales supremos porque ellos representan a otros poderes del Estado y mas bien que el Parlamento tenga ese poder podría significar un quiebre de la tesis de distribución de competencias".

Percy Medina:
"Podrían operar las mismas reglas o equivalentes [que para los parlamentarios] porque creo que hay que garantizarles también a los altos funcionarios algún nivel de protección a su actividad. Lo que no puede es convertirse eso en una opción para la impunidad".

Gloria Montenegro:
"Tenemos el ejemplo del señor [César] Hinostroza que se paseaba por todos los canales diciendo que tenía una conducta intachable, y que a él nadie lo podía tocar porque gozaba de inmunidad. Eso definitivamente se tiene que eliminar. Si hay motivos para cubrirlos a ellos en casos que se requieran por actividades funcionales estamos de acuerdo [que se mantenga la inmunidad], de la misma manera que el Congreso, pero no vivir gozando de un derecho que lamentablemente se ha mal utilizado. Debería mantenerse la inmunidad en casos delicados que requiera proteger el debido actuar de funcionarios de alto nivel, que tengan garantías para desarrollar su labor".

Más datos:
De acuerdo a una encuesta de Ipsos Perú del año pasado, un 77% respondió que no creía que los congresistas deberían tener inmunidad parlamentaria. Solo un 19% opinaba que sí.

La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política alcanzó el pasado viernes sus recomendaciones al presidente Martín Vizcarra. Una de estas sería sobre la figura de la inmunidad. El documento aún no es público.​