(Foto: Andina)
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Paolo Benza

La destitución de como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú () ha vuelto a poner en el centro de la discusión pública un tema que –según quienes han ocupado el puesto antes– se repite en todos los gobiernos pero nunca se llega a solucionar: la independencia de los medios del Estado. Desde hace más de 15 años está pendiente una ley que podría garantizar definitivamente esta pluralidad, pero ninguno de los últimos gobiernos ni congresos ha mostrado la voluntad política para impulsarla.

“Varios políticos se han rasgado las vestiduras por lo que ha pasado con Coya, pero todos han podido presentar leyes que den autonomía y garanticen la pluralidad de los medios públicos, y esto nunca se hizo”, dice el exmiembro del directorio del IRTP y profesor de la PUCP Jorge Acevedo. “Hoy toda la televisión estatal está al margen de la legislación”, agrega Marisol Castañeda, expresidenta del ConcorTV –organismo consultivo en la materia adscrito al MTC– y directora de la asociación de comunicadores Calandria.

—Sin voluntad—

La tercera disposición complementaria de la Ley de Radio y Televisión, promulgada en el 2004, indicaba que el Poder Ejecutivo tenía 120 días para elaborar “un proyecto de radiodifusión estatal” que regulara los términos en los que debía operar el IRTP (responsable, entre otros, de TV Perú y Radio Nacional). Ese plazo se venció el 15 de noviembre de ese año. Desde entonces ha quedado pendiente un dispositivo legal que podría asegurar la independencia de los medios del Estado.

Esto es crucial porque, como aceptan dos exdirectivos del IRTP, las presiones editoriales –especialmente a TV Perú, la televisora de mayor alcance a nivel nacional– son constantes. “Cuando la gente habla de presiones, yo las creo”, dice María Luisa Málaga, presidenta ejecutiva del IRTP entre el 2010 y 2016. “Las presiones siempre existen, sobre todo de gente que se atribuye mensajes de la presidencia”, agrega Eduardo Bruce, quien ocupó el mismo cargo del 2002 al 2005.

Sin embargo, varios intentos de legislar sobre el tema han caído en saco roto en los últimos 15 años. En octubre del 2006, por ejemplo, el entonces congresista Víctor Andrés García Belaunde presentó un proyecto de ley sobre la composición del consejo directivo del IRTP. Este fue aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, pero nunca ingresó a la agenda del pleno.

Y eso fue lo más cerca que se estuvo de regular el IRTP. Málaga dice que envió un anteproyecto de ley al ex primer ministro Óscar Valdés, Bruce mostró a El Comercio el que elaboró en el 2013 y Hugo Coya confirmó a este Diario que su equipo redactó y entregó otro al exministro de Cultura Luis Castillo. Pero de ninguno se volvió a saber. En el gobierno de Alan García se creó una comisión que elaboró un anteproyecto más, que luego fue puesto a consulta ciudadana por el ConcorTV. Sus resultados quedaron en un informe.

Aunque dos fuentes del Ejecutivo indicaron a este Diario que hay interés por revivir esas iniciativas tras la última crisis, el asesor presidencial Óscar Vásquez dijo que “esa es una tarea pendiente del nuevo Congreso”.

—Tres aspectos claves—

Más allá de la decisión de promulgarla, los especialistas tienen claro cómo debería ser la ley que regularía al IRTP. Las fuentes señalaron tres puntos claves para asegurar su independencia, cuyo telón de fondo –coincidieron– está en enfocarse en el carácter público de los medios. Académicamente, un medio público se diferencia de uno estatal por su finalidad: los primeros responden a la necesidad de contenidos de la ciudadanía y no a los lineamientos del gobierno.

Lo primero, según Acevedo, es que el directorio del IRTP deje de ser nombrado mediante resolución presidencial. Una opción, explica, es que el Ejecutivo lo proponga y que el Congreso lo apruebe. Otro camino, dice Castañeda, es que organizaciones civiles, facultades de comunicación y gobiernos regionales tengan asientos en la junta.

Lo segundo es que el período de permanencia del presidente ejecutivo sea invariable y no coincida con el cambio de gobierno. “El secreto es que tengan un plazo fijo, ahí nadie lo puede presionar, no importa quién lo nombre”, dice Bruce.

Y lo último –y más difícil– es encontrar un esquema de financiamiento que no dependa exclusivamente del gobierno, indica Acevedo. Esto no solo garantizaría autonomía, sino que permitiría gastos para los que la burocracia pública es muy lenta, explica Málaga. Allí la clave está en encontrar un balance entre el aporte ciudadano directo (que en otros países se da mediante impuestos a los televisores, por ejemplo), los ingresos por publicidad y el dinero del Estado.

Por uno u otro camino, la tarea pendiente –y urgente– para el nuevo Congreso será finalmente llenar el vacío de 15 años y legislar sobre los medios públicos.

—En el gobierno de Humala el IRTP tuvo que elaborar un manual interno—

Durante el gobierno de Ollanta Humala, la entonces presidenta ejecutiva del IRTP María Luisa Málaga fue acusada de ‘nadinista’ por la oposición parlamentaria. El sustento de la acusación era que Nadine Heredia aparecía constantemente en las pantallas de TV Perú.

Entonces, Málaga acudió al Congreso a explicar lo mismo que explica hoy: la cobertura de actividades oficiales era obligatoria para el canal del Estado. Esto debido a que TV Perú se rige por el decreto de adscripción al ministerio de turno (hoy el de Cultura), que estipula como una de sus funciones la comunicación de las políticas públicas del gobierno. Mientras no haya una ley de medios públicos, esto continuará siendo así.

A raíz de estos cuestionamientos, la dirección del IRTP estableció un protocolo de cobertura de eventos oficiales. Este decía, por ejemplo, que no se debía cortar la programación informativa –salvo excepciones– y que el foco debía estar en quien encarnara la jefatura del Estado, reseña Acevedo.

“Pero nada de esto ha sido acompañado por la regulación. Todo el cambio en el canal ha sido un tema de voluntades, por eso es débil”, concluye Málaga.

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