El Ministerio Público (MP) abrió una nueva investigación preliminar contra el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Luis Torres Saravia, por presuntas irregularidades en la contratación de personal para el oficina que lideraba.
Según documentación obtenida por El Comercio, la decisión fue adoptada por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.
La investigación fiscal contra Torres Saravia se inició por el presunto delito contra la administración pública - corrupción de funcionarios, en la modalidad de colusión agravada y negociación incompatible, en agravio del Estado.
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El Ministerio Público dispuso que las diligencias se realicen en sede policial, por el plazo de 120 días, de acuerdo a la nueva normativa legal.
Esta nueva investigación se suma a la que ya había abierto la Fiscalía de Trata de Personas contra Torres, por presuntamente liderar una red de prostitución en el Parlamento, un caso que involucra el asesinato de la exfuncionaria parlamentaria Andrea Vidal a manos de sicarios.
Personal policial de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional Del Perú–Dircocor dispuso realizar diligencias en el Congreso de la República como el recojo de la información de las oficinas de Recursos Humanos y en la Oficina Legal, vinculada a los contratos.
Diligencias y declaraciones dispuestas
De acuerdo a la disposición fiscal, se ordenó que entre las acciones policiales se recabe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, la resolución de designación de Jorge Luis Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.
También que se recabe de la Oficina Legal y Constitucional los datos identificatorios de todo el personal que habría laborado en dicha instancia durante el periodo 2023-2024.
De igualmente, se dispuso obtener información de la Oficina de Recursos Humanos del Parlamento sobre la contratación de Torres Saravia y de todo el personal que laboró el 2023 y 2024.
Además, se recabe los expedientes de contratación de las trabajadoras Isabel Florencia Cajo Salvador; Lidia Alexandra Gil Ramirez y de la fallecida Andrea Jazmin Vidal Gomez. Y, se tome las testimoniales de Cajo Salvador y Gil Ramirez.
Junto a ello, se debe obtener todos los expedientes de contratación de las personas que habrían sido contratadas durante el periodo 2023-2024 para el área de Recursos Humanos y de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.
Todo eso servirá para determinar si los puestos laborales para el que se realizaron las contrataciones, en el 2023 y 2024, fueron creados o no, si es que había necesidad para el servicio; y si es que el personal contratado cumplía el perfil para el cargo.
Esta investigación se realiza de manera paralela a la que sigue la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro - Equipo 1, contra Torres Saravia por el presunto delito de explotación sexual.
Benji Espinoza, abogado de Torres Saravia, dijo a El Comercio que la investigación “recién está empezando” ya que está en diligencias preliminares y que, hasta el momento, en el caso de presunta trata de personas, no se le ha tomado su declaración.
“Recién han empezado, de modo que se están practicando las diligencias y en su momento se le tomará su declaración para establecer la verdad de los hechos”, señaló.
Al ser consultado por las declaraciones del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, respecto al inicio de algún proceso administrativo contra su patrocinado aseguró que no han sido notificados.
“(Respecto a su contratación por vínculos con APP) Es lo que se dice, pero lo cierto es que cumplía el perfil para ocupar el cargo que ocupó y que desempeñó”, exclamó.
Así también aseguró que Torres Saravia se mantiene en su versión respecto a que no encabezó ni participó en ninguna red de prostitución al interior del Congreso.
“(Él sostiene) Que es inocente, que no ha participado en ningún acto de proxenetismo en el Congreso”, comentó.
Lady Camones no viaja a China
Mientras tanto el Congreso de la República es escenario de diligencias fiscales para esclarecer los recientes escándalos sobre una presunta red de proxenetismo en su interior y los presuntas contrataciones irregulares en el personal administrativo, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se alista para llegar a China.
Durante una conferencia de prensa realizada el último jueves, Salhuana Cavides reafirmó que realizará el viaje junto a un comitiva para participar de diversas actividades entre el 5 y 10 de enero.
Fuentes parlamentarias señalaron a El Comercio que la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso), quien, hasta hace unas horas, figuraba como parte de la comitiva, no viajará hacia el país asiático.
Según indicaron, debido a temas “familiares” decidió no viajar y permanecer en Lima para atender asuntos personales.
Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización cuestionó el accionar del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, frente al escándalo registrado al interior del Legislativo.
Por ello, se mostró a favor de que Salhuana, junto a la Mesa Directiva, sea censurada en el Parlamento, pues consideró que lo realizado por la cabeza del Congreso era “insuficiente” para hallar a los responsables respecto a la presunta red de proxenetismo.
“Está corriendo un documento de las bancadas, creo que Renovación Popular, para censurar en primer lugar a (Giovanni) Forno y una moción de censura para el señor Salhuana. Me parece que por menos se le censuró a Lady Camones. Pienso que sí es probable que logren las firmas. Yo pienso que sí merece ser censurado”, dijo a RPP Noticias.
