El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria varió la orden de 18 meses de prisión preventiva en contra del exárbitro Richard James Martín Tirado, quien es investigado por el Caso Odebrecht, y le impuso arresto domiciliario frente al riesgo de contagio del coronavirus (COVID-19).
“[Se resuelve] imponer arresto domiciliario al procesado Richard James Martín Tirado por el plazo de 18 meses, por lo que previo a la excarcelación, habiendo la defensa técnica del imputado indicado el domicilio donde deberá cumplir la medida bajo vigilancia permanente del personal policial, [...] debe Oficiarse a la Dirección de Seguridad de Penales de la Policía Nacional del Perú (DIRSEPEN) para el procedimiento de verificación de las condiciones del inmueble para el cumplimiento de la presente medida”, se lee en la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz.
Esta decisión se produce después de que el abogado de Martín Tirado, César Nakazaki, presentara un recurso para cesar la prisión preventiva argumentando que su defendido padece de hipertensión arterial y diabetes lo cual lo convierte en población vulnerable ante el riesgo de contagio de coronavirus (COVID-19).
Precisamente, en su resolución el juez cita un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde se define a la diabetes “como una enfermedad crónica grave”.
Asimismo, el magistrado decidió imponerle al exárbitro una caución económica por la suma de S/ 50,000.00 que deberá depositarse en el Banco de la Nación en un periodo de 30 días.
También se le impuso como parte de las reglas de conducta la “prohibición con sus coprocesados", y personas vinculadas a la investigación.
“Impedimento que el investigado ventile los pormenores de la presente investigación de cualquier forma en los medios de comunicación masivo y, por último, impedimento de salida del país por el mismo plazo, todo bajo apercibimiento de revocatoria de la medida impuesta en caso de incumplimiento”, se precisa.
El 14 de noviembre del 2018 Richard Martín Tirado se puso a disposición del Poder Judicial tras la orden de 18 meses de prisión preventiva en su contra por los presuntos sobornos de la empresa Odebrecht.
Según la investigación fiscal, el exárbitro habría recibido sobornos de Odebrecht para que fallen a favor de la empresa en 26 laudos que tuvo con el Estado Peruano por proyectos como los de las carreteras Interoceánica o San José de Sisa.