¿Cómo fue que se salvó del embargo la casa de Alejandro Toledo?

Desde las ocho de la mañana, diferentes equipos periodísticos hacían guardia fuera de la casa del ex presidente Alejandro Toledo, en la urbanización Camacho, La Molina. Los periodistas esperaban que se lleve a cabo el embargo de dicho inmueble, una diligencia programada desde días atrás. Sin embargo, ninguna autoridad se presentó.

Este Diario informó temprano sobre la incautación de la casa de Alejandro Toledo. Sin embargo, más tarde El Comercio supo que, antes de que partiera a Camacho para realizar la incautación, el equipo de la fiscal Manuela Villar (quien investiga a Toledo por presunto lavado de activos) recibió una llamada del despacho del juez Abel Concha. Se les comunicó que el juez había decidido dejar sin efecto la diligencia.

La sorpresa era grande: los fiscales no habían sido notificados de cambio alguno sobre la marcha. Tenían previsto intervenir la casa del ex presidente y dársela a la Conabi para que la custodie, como sucedió el martes con una oficina en Surco y una casa en Las Casuarianas.

“Nosotros estábamos listos para realizar el embargo. Lo que pasó después fue por decisión del juez Concha”, dijo una fuente de la fiscalía.

En Camacho, los asesores de prensa del ex mandatario decían a los periodistas que la audiencia se había suspendido, y que el abogado de Alejandro Toledo, Luciano López, iba a dar una declaración en las próximas horas. Los periodistas se retiraron del lugar, aunque la incertidumbre continuaba. Eran las 10:30 a.m.

El equipo de la fiscalía, entonces, decidió levantar un acta para registrar lo sucedido. Seguían sin entender por qué el juez había variado su mandato a última hora.

Mientras tanto, el abogado de Alejandro Toledo se encontraba reunido con el juez Concha en su despacho en Lince. Al mediodía, cuando abandonaba la oficina tras una reunión de dos horas, López le dijo a la prensa que había logrado que “no se le prive de su vivienda al señor Toledo”.

Horas después, el abogado contó a este Diario que  “el juez accedió” a variar su mandato de incautación por uno gravamen: es decir, que solo se inscriba en registros públicos que el domicilio fue embargado. “Conseguí que le den una medida de incautación registral a la casa. Esa es la manera de asegurar un bien. ¿Qué buscaba la fiscalía?¿Hacer un show?”,  se jactó López.  “Así como yo me enteré por los medios [de la incautación], que no se piquen por que el juez me dio la razón”, añadió.

El penalista Carlos Caro explicó a este Diario que con dicha medida, Alejandro Toledo no podrá vender, alquilar ni hipotecar la casa.

“En el caso que el ex presidente Toledo sea declarado culpable en el juicio, esa incautación se puede convertir en un decomiso a favor del Estado”, comentó Caro.

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