Políticos de izquierda cuestionaron la decisión del pleno del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundado el recurso de hábeas corpus a favor de Keiko Fujimori, con el que recuperará su libertad.
Indira Huilca, miembro de la Comisión Permanente por Nuevo Perú, consideró que esto es “un revés en el TC para la justicia” en el país.
“Lo que se estaba evaluando era el nivel de riesgo procesal que esta persona ha demostrado a lo largo de todo el tiempo y creo que se ha ratificado con la información que hemos ido conociendo en los últimos días, no solo sus vínculos con el poder político y por lo tanto conexiones dentro del Poder Judicial, de quienes han intentado obstruir la labor de los fiscales en el Ministerio Público sino también ahora en el poder económico", expresó en RPP.
Huilca puntualizó que no reconocer todos los factores que ponen en riesgo el proceso de investigación a Keiko Fujimori "es cegarse ante la realidad”, afirmó.
“Lamentable decisión del TC en la medida en que están dando un mensaje al país de que, si se tiene mucho poder político y respaldo del poder económico que hay en el país, se puede conseguir […] lo que sea”, afirmó, a su turno, Marco Arana, representante del Frente Amplio, en Canal N.
Agregó que este es un mensaje para el país de impunidad y de que cuando se tiene “mucho poder político” se puede “conseguir lo que sea”.
“El mensaje para el país es que hay impunidad y que el máximo órgano de administración y dirimencia de controversias judiciales le dice al país ‘si robas mucho y tienes poder político, puedes conseguir lo que sea’”, reiteró.
Por su parte, Richard Arce, exrepresentante de Nuevo Perú, dijo que respeta la decisión del TC pese a que esta genera “incomodidad” en la lucha contra la corrupción.
“Lo primero respetar la decisión del TC, más allá de que no sea de nuestro agrado, de que genere incomodidad en la lucha contra la corrupción”, señaló en RPP.
Precisó que la decisión genera desagrado ante las evidencias desarrolladas por la fiscalía en el marco de la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos y por el que cumplía una orden de prisión preventiva.
“[¿Por que hace daño a la lucha contra la corrupción?] Por las múltiples evidencias que se han venido desarrollando en la tesis fiscal y que justamente por eso fue el pedido de prisión preventiva primero por 36 meses después fue reducido a 18 meses, pero también somos respetuosos de lo que pueda decidir el TC”, dijo.