(Óscar Paz)
(Óscar Paz)
Diana Seminario

Ser maestro debe ser una de las vocaciones más sublimes del mundo. No solo porque tienen la enorme responsabilidad de educar, sino también porque desde el mismo momento que se deciden por esta profesión son conscientes de que no serán bien remunerados, el agradecimiento nunca será suficiente. Pero, frente a esto, hay compensaciones que no tienen precio, y quizá para algunos esas son las más importantes.

Dicho esto, resulta injusto que por un grupo de violentistas, radicales y –según el Ministerio del Interior– vinculados al ‘pensamiento Gonzalo’ que actualmente asumen la dirigencia magisterial se intente etiquetar a los maestros peruanos como una suerte de “incendiarios”. Es innegable que para un buen grupo de estos, su prioridad no radica en educar a los niños, sino que su objetivo es promover la violencia y desestabilizar la democracia. Pero ellos, no son todos.

También están los que tienen que caminar ocho horas en un remoto poblado fronterizo para dar clases a sus alumnos. Debido a la huelga, uno de ellos trajo hasta Lima su reclamo y contó ante las cámaras de televisión que ganaba 800 soles mensuales y que ejercía la docencia en paupérrimas condiciones.

Tras ver y escuchar a este maestro, fue inevitable pensar en el presupuesto de 850 millones de soles que el Ministerio de Educación solicitó por concepto de consultorías en octubre del año pasado. Este hecho saltó a la palestra, durante la gestión del ministro Jaime Saavedra.

¿Cuáles son las prioridades del Minedu? Se pregunta uno cuando se topa con esta realidad. Mientras escribo esta columna, aún se evalúa un preacuerdo con los maestros para levantar la huelga. El aumento de sueldo para ellos, hará que puedan percibir una remuneración de dos mil soles efectiva a partir de noviembre.

Una vez resuelta la contingencia de la huelga, es urgente que se atienda la presencia en el magisterio de maestros con sentencia por terrorismo o de aquellos que suscriben el Movadef, que no es otra cosa que un Sendero Luminoso reciclado, y fundado por el propio Abimael Guzmán.

Debido a la coyuntura de la paralización, se ha puesto en evidencia que existen 250 profesores condenados por terrorismo que volvieron a las aulas. Es imperativo indagar cómo y por qué estos 250 han vuelto a enseñar a nuestros niños.

La Ley 29988, de enero del 2013, es clara en determinar que los docentes condenados por terrorismo, apología del terrorismo, violación sexual y tráfico de drogas serán inhabilitados de manera perpetua. El reglamento de esta norma se dio en mayo de este año.

Es preocupante que cada cierto tiempo nos enteremos de las desventuras de los profesores, y de cómo un pensamiento radical y antidemocrático encarnado por su dirigencia se cuele en las aulas no solo para envenenar a nuestros niños, sino que pone en riesgo su futuro.

El problema del magisterio, va mucho más allá de sueldos y remuneraciones. Es un tema tan complejo que requiere no solo de buenos oficios, sino también de inteligencia y buena política. Pero, lamentablemente, para este gobierno, son otras las prioridades. Esperemos que no sea demasiado tarde cuando reaccionen.

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