La Subcomisión aprobó el informe que recomienda inhabilitar de la función pública por 5 años al expresidente Martín Vizcarra | Foto: Archivo El Comercio
La Subcomisión aprobó el informe que recomienda inhabilitar de la función pública por 5 años al expresidente Martín Vizcarra | Foto: Archivo El Comercio
Redacción EC

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó con 14 votos a favor el informe final de la denuncia N°290 contra el expresidente , presentada por la exlegisladora . La votación obtuvo cero votos en contra y cero abstenciones.

El informe fue sustentado por el congresista Fernando Meléndez (Alianza para el Progreso), quien recomendó la inhabilitación del ejercicio de la función pública del exmandatario por cinco años.

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“Analizadas las circunstancias, gravedad y otros factores relacionados a hechos materia de investigación, así como superado el test de proporcionalidad y el criterio de razonabilidad, se propone la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por cinco años”, indicó.

Meléndez señaló que, pese a que no hay elementos suficientes para concluir en una sanción penal, eso no significa que no pueda acarrear en una nueva investigación a futuro contra Vizcarra.

“Quiero dejar constancia y que conste en acta, señor presidente y señores colegas de esta importante subcomisión, que si bien es cierto la falta de pruebas en este expediente para concluir un favorecimiento a la empresa Obrainsa y una eventual sanción al expresidente Martín Vizcarra, no significa que esto no pueda investigarse y concluir una futura sanción en el futuro”, precisó.

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“Lo que ocurre en este caso es que el tema fue incluido con una ampliación de una denuncia que no ha contado con los elementos probatorios suficientes, esto no quita que en el futuro una comisión investigadora formada en el Congreso por la propia fiscalía pueda investigar estos hechos y concluir algún tipo de responsabilidad”, agregó.

El pasado 30 de enero del 2019, Vilcatoma presentó una acusación contra Vizcarra por presuntamente haber cometido una infracción del artículo 126° de la Constitución, al no haber renunciado a sus acciones en la empresa CyM Vizcarra S.A.C cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones entre el 2016 y el 2017.

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