Mercedes Aráoz aún no ha sido citada a la Comisión Lava Jato

La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, precisó hoy que la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Aráoz, aún no ha sido citada a declarar al grupo investigador. Agregó que primero le solicitaran al Ejecutivo información sobre la posible demanda de las empresas Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L. en contra del Estado Peruano.

En declaraciones a El Comercio, Bartra indicó que la congresista de APP Marisol Espinoza ha mostrado su preocupación por este tema.

“En base a la información que se recabe, tomaremos la decisión de citar a Claudia Cooper (Economía y Finanzas), Enrique Mendoza (Justicia) y Mercedes Araóz (PCM)”, manifestó.

Bartra saludó que Aráoz haya dicho que sí asistirá a la comisión, luego de negarse inicialmente.

“Saludo la reflexión que ella ha tenido sobre el tema y que haya dicho que sí asistirá, porque así es como debe ser. El control político se hace a nivel de ministros y no es un tema discrecional. Y ella será llamada si es que corresponde y en la oportunidad que corresponda”, refirió.

La parlamentaria fujimorista también respondió a los cuestionamientos hechos por el portavoz alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, quien dijo que la oposición busca “mortificar al Ejecutivo” al evaluar llamar a Aráoz a la Comisión Lava Jato.

“Estoy trabajando para que el Perú conozca la verdad y si hay un riesgo de que el Estado no cautele miles de millones de dólares [ante una eventual demanda de Odebrecht], es natural que nosotros preguntemos qué está pasando. Lamento, la escasa visión de protección del Estado que tiene el congresista Sheput”, acotó.

A fines de mayo, las empresas Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L. le comunicaron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que iniciaron un periodo de trato directo, un paso previo a una demanda en fueros internacionales contra el Estado peruano.

Estas compañías le reclaman al Perú por el dictado del Decreto de Urgencia 003-2017, que establece que el Ministerio de Justicia debe aprobar la venta de sus bienes; los embargos de la Sunat y la terminación del contrato de concesión del Gasoducto Sur Peruano.

El gobierno ha nombrado al estudio internacional “Arnold & Porter Kaye Scholer LLP” para que represente al Perú durante todo el caso, incluyendo la actual etapa de trato directo.