Metro de Lima: ¿Cuál es la situación del caso y de los investigados?

Las coimas que se habrían pagado por la concesión de los tramos I y II del metro de Lima fue, en enero del 2017, el punto de inicio de las más de 50 investigaciones que se abrieron tras la confesión de la empresa brasileña Odebrecht. Dos años después, las decisiones fiscales y judiciales relacionadas al caso han llevado a que aún no comience el juicio oral.

Esta semana, Jorge Cuba Hidalgo, quien fue viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García; y el exfuncionario Edwin Luyo Barrientos salieron de la prisión en la que estaban para cumplir impedimento de salida del país, pero bajo vigilancia electrónica. Su excarcelación se produjo luego que una sala superior determinara que en sus casos hubo exceso de carcelaría.

Pero en este caso hay más investigados: Miguel Ángel Navarro Portugal, Jessica Tejada Guzmán, Víctor Enrique Muñoz Cuba, Santiago Andrés Chau Novoa, Mariella Janette Huerta Minaya, Jesús Wilfredo Munive Taquia y Magdalena Bravo Hinostroza. Sin embargo, su situación legal es distinta.

Además, recientemente los empresarios José Alejandro Graña Miró-Quesada, Hernando Graña Acuña, Raúl Antonio Torres Trujillo, Manuel Lambarri Hierro y Oswaldo Plasencia Contreras han sido incorporados a la indagación.

Actualmente, el caso se investiga por el delito de lavado de activos en organización criminal y por delitos de corrupción como colusión, cohecho y tráfico de influencias.

—Largo trámite—

El 11 de junio del 2019, el juez Richard Concepción Carhuancho desacumuló –ante un pedido del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato– la investigación en dos carpetas: una por lavado de activos y la otra por delitos de corrupción.

Tras esa decisión, el 24 de junio se presentó la acusación únicamente por el delito de lavado de activos en organización criminal. En ese momento, el fiscal solicitó 25 años y 10 meses de cárcel para Cuba Hidalgo, Huerta Minaya, Luyo Barrientos, Chau Novoa, Navarro Portugal, Muñoz Cuba y Tejada Guzmán.

Según la conclusión del fiscal, “el objeto del delito de lavado de activos sería la suma de dinero que fue transferida hacia cuentas bancarias de empresas ‘offshore’ (Hispamar International Corp, Julson International S.A., Notrex, Oblong International INC, Aeron Group INC y Klienfeld Service) que, a la vez, era medio corruptor entregado como contraprestación por el incumplimiento –de parte de los funcionarios– de sus obligaciones”.

Para la fiscalía, Cuba y los otros implicados habrían recibido US$1′385.000 de Odebrecht por el tramo I de la línea 1 del metro de Lima. Esto se suma a los US$6′700.000 que el exviceministro habría cobrado por el tramo II de la línea 1 de la misma obra.

—Devolución de acusación—

En declaraciones a la prensa, el fiscal José Domingo Pérez reiteró ayer que su acusación contra siete procesados había sido interpuesta en junio y que por responsabilidad del Poder Judicial no se realizaban las audiencias.

“[…] Se ha presentado acusación contra Jorge Cuba y otros; y [la acusación] está desde junio de este año presentada ante el Poder Judicial. Ya es una situación, aunque suene desagradable, decir que corresponde de la judicatura que pueda llevar las audiencias de una forma más célere”, aseveró.

Sin embargo, desde el Poder Judicial explicaron a El Comercio que la acusación está pendiente de darle trámite por los pedidos de desacumulación de la fiscalía.

Recordaron que la Primera Sala de Apelaciones revocó la solicitud de desacumulación que la fiscalía hizo en junio pasado.

En su resolución, el tribunal superior sostuvo que la acumulación resulta obligatoria en caso varias personas obren como autores o partícipes del mismo hecho punible –artículo 47, numeral 1 del CPP– debido a que se busca preservar la economía y celeridad procesal a fin de evitar posibles fallos contradictorios.

El 5 de agosto declaró infundado el pedido de desacumulación planteado por la fiscalía y anuló la resolución judicial que disponía dividir el caso en dos carpetas: una por lavado de activos y la otra por delitos de corrupción.

Por ello, con resolución del 6 y 12 de noviembre el juez Concepción Carhuancho devolvió al fiscal José Domingo Pérez el expediente de acusación que presentó.

“Se dispuso la devolución de los requerimientos acusatorios […] a fin de que el representante del Ministerio Público cumpla con presentar un solo requerimiento acusatorio”, se lee en el documento.

—Nueva audiencia de desacumulación—

El juez Concepción programó para el jueves 27 de diciembre una audiencia para analizar un nuevo pedido de desacumulación del fiscal Pérez por este caso.

El requerimiento busca que se vuelva a dividir el expediente en dos: una carpeta con los investigados con el que se abrió el caso, y otra con los investigados recientemente incorporados por el despacho de Pérez: Graña Miró-Quesada, Graña Acuña, Torres Trujillo, Lambarri Hierro y Plasencia Contreras.

La audiencia finalmente fue suspendida debido a que se presentó una nueva recusación contra el juez Concepción por disponer de manera extemporánea la libertad de Jorge Cuba y Edwin Luyo.

Fue la defensa de Luyo Barrientos quien recusó al magistrado.

Concepción Carhuancho aclaró que la suspensión de la audiencia no se frustró por su decisión; sino por la recusación en su contra. Anunció que será la Sala Superior la que deberá pronunciarse sobre su situación.

Informó que es la tercera vez que la defensa de Luyo Barrientos pide que se aparte del caso.

La diligencia fue suspendida hasta una próxima fecha.