Ollanta Humala y Nadine Heredia seguirán cumpliendo la orden de prisión preventiva por 18 meses. (Vídeo: El Comercio)
Ollanta Humala y Nadine Heredia seguirán cumpliendo la orden de prisión preventiva por 18 meses. (Vídeo: El Comercio)
Redacción EC

La ex primera dama , quien está cumpliendo una orden de prisión preventiva por 18 meses, se pronunció a través de redes sociales para acusar al sistema de justicia de aplicar un "doble rasero" que considera que se está aplicando en su caso.

Heredia hizo un recuento de todas las veces que, tanto ella como el ex presidente Ollanta Humala fueron acusados de haber recibido un financiamiento por parte del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela desde la campaña electoral del 2006.

"La Unidad de Cooperación Judicial Internacional fue activada para que el fiscal (Germán) Juárez Atoche pudiera conocer si algún miembro de mi familia o yo teníamos cuentas no declaradas en el exterior, cuentas 'offshore', si el Partido Nacionalista había sido financiado a través de 'offshores' o si teníamos una ONG en el Perú o en el extranjero", señaló Heredia en su cuenta de Facebook.

La ex primera dama destacó el hecho de que esto se aplicara en su caso sin que fuera funcionaria pública y antes de que se conocieran las delaciones del Caso Odebrecht desde Brasil. "Distinta es la fiscal ahora para otros políticos que sí han sido funcionarios públicos. Para ellos, hay que esperar que llegue la información de Curitiba", indicó.

"Ejerzo mi derecho legítimo a la defensa, pero también a protestar por la falta de equidad en el tratamiento, en relación con otros investigados. El doble rasero, la búsqueda del chivo expiatorio, desmerece al sistema de justicia y, peor aún, la lucha frontal contra la corrupción de la que tanto se ufanan aquellos que sí han sido servidores del Estado y que, al mismo tiempo, han hecho campaña electoral desde el año 2006", añadió Heredia.

Nadine Heredia, junto con Ollanta Humala, fueron recluidos bajo una orden de prisión preventiva por 18 meses como parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos. El Ministerio Público y el Poder Judicial consideraron que existía un peligro de fuga y de que ambos trataran de cambiar el testimonio de testigos luego que se difundieran audios vinculados al Caso Madre Mía.

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