(Foto: El Comercio/Archivo)
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Redacción EC

La Oficina de Control de la Magistratura () del Poder Judicial - Unidad de Investigación y Anticorrupción sancionó al juez  por haber ordenado de "manera irregular" la detención de la abogada Blanca Paredes y otros investigados por lavado de activos como integrantes de la red de corrupción de Rodolfo Orellana.

Según la denuncia interpuesta por Blanca Paredes, en junio del 2016 el juez Concepción Carhuancho recibió el requerimiento de la fiscalía solicitando la detención de trece personas, incluida ella.

Sin embargo, el juez, en lugar de proceder a resolver con lo que tenía en mano, solicitó que el representante del Ministerio Público proceda a subsanar los vacíos de su pedido.

A consideración del órgano de control, la falta la cometió al “haber requerido al Ministerio Público que subsane su pedido de detención preliminar en relación a la posibilidad de fuga”.

En consecuencia, indicaron que debido a que la denuncia no muestra ningún tipo de parcialidad con las partes, corresponde aplicar una sanción menor.

Luego de dos años y medio de investigación, la OCMA decidió sancionar al magistrado con una “multa” del 2% de su remuneración.

-Juez apela-

La decisión de la OCMA ha sido impugnada por el juez Concepción Carhuancho, quien sostuvo en un documento enviado al órgano de control que no transgredió ninguna norma o el artículo 261.1 del Código Procesal Penal. En este último se indica que el juez deberá pronunciarse sobre el mandato de detención preliminar, sin trámite alguno.

Por el contrario, remarcó que al no haber norma que regule ese proceder se recurre al Código Procesal Civil, donde se contempla que en la calificación de una demanda, si existiese algún defecto, corresponde identificar si es subsanable.

De ser subsanable, la norma contempla otorgar un plazo al solicitante para que lo subsane.

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