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El equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, con apoyo de personal policial, inició esta mañana el allanamiento a varios inmuebles, entre ellos el domicilio del abogado Humberto Abanto, como parte de las investigaciones por el Caso Arbitrajes. Este implica a diversos árbitros que habrían fallado a favor de Odebrecht presuntamente a cambio de coimas.
El juez de investigación preparatoria Jorge Luis Chávez Tamariz aprobó el pedido que el fiscal Germán Juárez Atoche hizo para incautar documentación y otras pruebas que puedan contribuir a las investigaciones por los presuntos delitos de lavado de activos y otros.
Entre las viviendas allanadas se encuentran dos inmuebles que son propiedad de Humberto Abanto, uno en Miraflores y otro en San Isidro. Según informó Canal N, el personal policial y fiscal pudo ingresar al departamento de Miraflores esta mañana.
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Uno de los inmuebles allanados a Humberto Abanto se ubica en Miraflores. (Foto: Lino Chipana / El Comercio)
La resolución de Chávez Tamariz también dispone el allanamiento con fines de registro e incautación de documentación de los inmuebles de los abogados Emilio Cassina Rivas y de su hijo, Emilio Cassina Ramón, además de Alejandro Álvarez Pedroza, Ramiro Rivera Reyes y Franz Fernando Kundmüller.
También se incluyeron los inmuebles de Fernando Cantuarias Salaverry, Mario Castillo Freyre, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco y Randol Campos Flores. En el caso de este último, se estableció que sea detenido en caso de ser ubicado en alguna de las diligencias por tener orden de prisión preventiva.
El documento judicial aprobado por Jorge Luis Chávez Tamariz fue emitido el 29 de diciembre.
Por el Caso Arbitrajes, el Poder Judicial ha autorizado allanamientos en otras oportunidades. Por ejemplo, el pasado 5 de febrero en 14 inmuebles, aunque no se incluyó alguno de Abanto.
El 15 de febrero, días después de la primera diligencia, una nueva orden judicial a pedido de la fiscalía sí incluyó el domicilio de Abanto en San Isidro. Esta diligencia fue posible luego de que el Poder Judicial declarara fundada una apelación del Ministerio Público.
