La operación del “club de la construcción” en cinco claves

La jueza María de los Ángeles Álvarez dictó una orden de prisión preventiva por 18 meses en contra del ex asesor del Viceministerio de Transportes Carlos García Alcázar y otros cuatro implicados en el llamado “club de la construcción”.

Durante la audiencia, la magistrada decidió reprogramar la audiencia solo para el caso del empresario Guillermo Reynoso Medina, cuya defensa pública pidió que se le notifique por edicto, porque no vive en el domicilio donde se le envió la citación.

A continuación las cinco claves para entender cómo operó el “club de la construcción”:

1. El origen del “club”
El denominado “club de la construcción” operó en el Perú desde el 2011 hasta el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala. En esta caso, la fiscalía anticorrupción investiga la presunta concertación ilícita de empresas constructoras para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acciones que habría incluido el pago de coimas.

Según reveló la Unidad de Investigación de El Comercio, el “club de la construcción” estuvo conformado por tres componentes específicos, con roles distribuidos.

De acuerdo al Ministerio Público, el primer componente estuvo integrado por empresas privadas: “Obrainsa, Málaga, Cosapi, GYM, ICCGSA, JOHE SA, Grupo Plaza, Constructora San Marín, OAS, Andrade Gutiérrez, Mota-Engil, Queiroz Galvao y HyH Casa”, las que acordaban “entre ellas cuál sería la empresa que sería beneficiada en la buena pro, realizando una pre-relación”. Estas habrían acordado “pagar el 2,92% de la obra que era adjudicada”.

El segundo y tercer factor fueron el empresario Rodolfo Prialé y el ex asesor del Viceministerio de Transportes Carlos García, respectivamente.

Prialé estaba encargado de “representar al grupo de empresas integrantes del ‘club’, frente al funcionario público [Carlos García], recibir la prerrelación y entregársela a García para que este se encargue de que se ejecute dentro del MTC, y recabar de la empresa ganadora la comisión”. En tanto, García “se encargaba de operativizar dentro del MTC el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa que había sido previamente acordada”.

2. Los implicados
El último 12 de enero, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Prialé de la Peña y García Alcázar así como de otras cuatro personas implicadas en el “club de la construcción”. Estos son los empresarios Elard Paul Alejandro Tejeda Moscoso (gerente de Obrainsa), Félix Erdulfo Málaga Torres (gerente general de Constructora Málaga Hermanos), Luis Humberto Prevoo Neira y Guillermo Reynoso Medina, estos dos últimos ex socios de Prialé.

El único que fue capturado fue García Salazar. Los otros denunciados están en condición de no habidos. Este Diario ha confirmado que Reynoso salió a Argentina el pasado 8 de enero, según su reporte migratorio.

3. El lavado y los servicios ‘fantasma’
El equipo especial anticorrupción de la fiscalía del Caso Lava Jato también ha establecido que el “club de la construcción” utilizó empresas de fachada para “lavar dinero ilícito”. Una de ellas es Lual Contratistas Generales.

A través de esta compañía, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, se justificaban las presuntas coimas para funcionarios del Ministerio de Transportes (MTC) entre el 2011 y 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Esto, según la fiscalía, se habría hecho a través de la emisión de facturas por servicios que en realidad eran ficticios. El Comercio entrevistó a un ex trabajador de Lual Contratistas Generales, quien señaló: “En Lual solamente trabajaba la parte contable, cuya función era justificar y hacer las declaraciones [ante Sunat]”. Aseguró además que en Lual laboró bajo las órdenes de Rodolfo Prialé de la Peña, acusado por la fiscalía de ser uno de los principales operadores del ‘club’. Prialé está como no habido.

4. “Nunca recibí ninguna denuncia”
Carlos Paredes fue ministro de Transportes y Comunicaciones, mientras operó el llamado “club de la construcción”. El ex funcionario del gobierno de Humala afirmó que nunca recibió una denuncia sobre este grupo y agregó que se enteró de su existencia a través de los medios.

“Durante mi gestión no recibí ninguna denuncia, ningún indicio en el sentido del que ahora se habla, de este supuesto ‘club de la construcción’, que habría ameritado mi intervención o mi interés en un tema de este tipo. Todos los procesos de adquisición que se hicieron durante mi gestión se hicieron en el marco de la ley de contrataciones y adquisiciones a través de Provías Nacional, que cuenta con toda la autonomía que la ley le confiere”, refirió a este Diario.

5. Los descargos de las empresas
Las empresas Graña y Montero, Constructora Málaga e ICCGSA negaron estar involucradas en el llamado “club de la construcción”.

Por ejemplo, Graña y Montero indicó que “la compañía no tiene conocimiento de que algún ejecutivo o ex ejecutivo haya participado del supuesto ‘club de la construcción’. Y, si fuera lo contrario, el grupo no dudará en tomar las acciones correspondientes”.

Por su parte, la Constructora Málaga señaló que participaron en los proyectos “en igualdad de condiciones con otros competidores y en ningún caso ha recurrido a maniobras, prebendas o recomendaciones para obtener la buena pro”.

“La compañía ni sus representantes han tenido ni tienen conocimiento de que haya existido el mencionado ‘club’ para beneficiarse vía acuerdos ilegales de contratos de obras, y reitera su compromiso de colaborar con las investigaciones que se vienen desarrollando”, señaló ICCGSA.

El bonus track
En setiembre del año pasado, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra afirmó que las empresas del denominado “club de la construcción” amenazaron con dejar desiertas las licitaciones de proyectos de infraestructura cuando se les pidió no superar el 100% del presupuesto inicial de obras en adjudicación. Un hecho que dice no haber revelado antes por estar centrado en "hacer" y no en "comunicar".