La ceguera, por Jaime de Althaus

Parece que los congresistas no se dan cuenta de la urgencia de reformar la ley de partidos para que el país no acabe en el desgobierno total y en la captura de los mismos partidos y del futuro Congreso por las distintas formas de crimen organizado.

Es evidente que si no se aprueban formas de financiación pública y privada de los partidos y de las campañas electorales, que hagan posible que ese financiamiento venga de fuentes legales o formales, las campañas terminarán financiadas en proporción creciente por las actividades ilegales de todo tipo. Esto requiere de un debate para ver cuáles son esos mecanismos eficientes de financiación pública y privada legal. Y aun cuando se aprueben, de poco servirá si, además, no eliminamos de una vez por todas el malhadado voto preferencial, que justamente obliga a cada candidato al Congreso a buscar su propio financiamiento para su campaña. Ello a su vez lleva a las mafias de todo tipo a ofrecer sus servicios financieros a los candidatos o a postular directamente representantes suyos en las listas de los partidos, con el argumento de que tienen los recursos para ganar la elección.

De hecho, las elecciones regionales y locales están cada vez más llenas de ‘outsiders’ que provienen de –o están apoyados por– el lado ilegal de la economía. Son los “outsiders malditos”, como los llama Carlos Meléndez. Las redes ilícitas captan jueces, fiscales y policías por contagio, atracción o presión, pero penetran directamente en los gobiernos subnacionales y en el Congreso por medio de sus propios representantes.

Pero Meléndez va más allá, pues aun más que el “narco-estado” le preocupa la “narco-sociedad”, sugiriendo que la ilegalidad ha tomado ya parte importante del cuerpo social. Pero eso sería una exageración. El porcentaje del PBI y de la población económicamente activa dedicado a narcotráfico, al sicariato, a las extorsiones y a otras formas de crimen organizado debe ser relativamente pequeño. No hay que confundir ilegalidad con informalidad, por más que en algunos casos el límite sea borroso. Parte importante de lo que llaman minería ilegal, por ejemplo, es en realidad minería informal.

Lo que sí es significativo es la concentración de “outsiders malditos”, vinculados a esas mafias, en las cercanías del poder político local y regional, para asaltarlo. El asalto mismo a los botines presupuestales es una modalidad específica y propia del crimen organizado. De modo que el problema seguiría estando más en una institucionalidad permisiva que tiene que ser reformada, comenzando urgentemente por las reformas políticas mencionadas arriba, y otras complementarias (democracia interna en los partidos, vallas para las alianzas, etc.), más la profesionalización meritocrática de las administraciones subnacionales.

Por supuesto, la reforma de la policía es fundamental para limpiarla y fortalecer la investigación. Necesitamos un ministro del Interior que se quede allí varios años, por acuerdo político, lo mismo que en Educación. Y la reforma de la justicia penal, que debe comenzar por distritalizar en Lima módulos de fiscales-jueces-centros penitenciarios locales para delitos menores que se castiguen de manera inmediata.

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Heriberto Benítez pide votar por nueva Mesa Directiva pese a suspensión ►http://t.co/sfOfVNnzeB pic.twitter.com/C48jPDvTww— Política El Comercio (@Politica_ECpe) julio 2, 2015