La institucionalidad impopular, la columna de María Alejandra Campos

Escribo esta columna mientras la Comisión Permanente sesiona por primera vez desde la disolución del Congreso. Un espectáculo deplorable, como al que ya nos tiene acostumbrados este Parlamento o lo que queda de él.

Deplorable también el pleno del lunes. Deplorable que les cerrasen las puertas al primer ministro y a su Gabinete, que eligiesen a un miembro del TC como niño que sigue fregando la paciencia un minuto más de la cuenta solo por el hecho de poder hacerlo, que apurasen una suspensión presidencial sin tener los votos para la vacancia, que hiciesen jurar a Mercedes Araoz en una escena surreal.

El día después de la tormenta no fue más digno. En lugar de asumir la realidad y actuar acorde a ella, los integrantes del Parlamento disuelto atacaron a la prensa (y a este Diario en particular) y continuaron empujando la elección de Ortiz de Zevallos en el TC. Su presidenta encargada no duró más de 24 horas y el presidente de la Comisión Permanente hizo gala de una prepotencia oligarca que genera todo menos empatía.

Sin embargo, por duro que sea, toca defenderlos. O al menos defender el principio de que, en una democracia, una persona no puede concentrar tanto poder como para que su criterio sea suficiente para disolver a un poder del Estado. La validez de la interpretación de Martín Vizcarra de que la confianza le fue denegada de manera ‘fáctica’ debe ser definida por el Tribunal Constitucional, no por el gobierno.

Ayer, la Comisión Permanente aprobó presentar una demanda competencial ante el TC y creo que esta debería ser admitida. No tendría sentido que, si el conflicto que busca resolverse llevó a la disolución del Parlamento, se le exija a este no estar disuelto y contar con un pleno para poder quejarse. La ley dice literalmente que “la decisión requerirá contar con la aprobación del respectivo pleno”, pero es evidente que esta disposición debe leerse en contexto. Si la Permanente es todo lo que queda del Congreso, el conjunto de los parlamentarios que la forman es el equivalente al pleno para este fin particular.

-Golpe avisa-

La disolución del Parlamento ha separado a la opinión pública en tres grupos. Uno que considera que lo que hizo el presidente está perfecto porque no quedaba otra: si no disolvía, lo vacaban y nos quedábamos en manos del fujiaprismo y con un TC absolutamente conservador. Claramente, este es el mayoritario. Ya lo dimensionarán las encuestas. Ya lo juzgará la historia.

El segundo, en el que me encuentro, que cuestiona la constitucionalidad de la medida. Diría que es claramente una postura minoritaria.

Y finalmente un tercer grupo en el que se encienden las alarmas de golpe y castrochavismo.

Como ya muchos han señalado, lo hecho por Vizcarra, si bien en mi interpretación escapa de la constitucionalidad, no ha implicado el uso de la fuerza, el copamiento de las instituciones, ni el desconocimiento de instancias superiores como el TC. No ha habido, por tanto, un golpe de Estado. De otro lado, claramente la línea económica del gobierno no ha cambiado ni va a cambiar. Se vocea a María Antonieta Alva como ministra de Economía y eso debería calmar a aquellos que ven fantasmas comunistas recorriendo el Perú.