¿Podrá PPK?, la columna de Jaime de Althaus

Comienza bien el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Un mensaje relativamente corto dedicado a pintar de manera clara y sencilla la imagen del Perú al 2021. Los principales objetivos que se propone lo distinguieron ya en la campaña electoral. Solo él planteó de manera orgánica la necesidad de formalizar el empleo. Ahora ha precisado la meta de un 60% de la PEA con derechos. Pero uno de los instrumentos que propone, la reducción del IGV, podría ser rechazado por el Congreso. Y la medida más importante, la redistribución social de la protección laboral vía la flexibilización de una legislación excluyente, no ha sido planteada. Sin eso no será posible extender derechos laborales al 60% de la población trabajadora. 

Si lo lograra, sin embargo, habrá hecho, efectivamente, una revolución social. El reto será construir un diálogo que permita convertir a las cúpulas laborales, defensoras del statu quo, en abanderadas del cambio. Lo que parece más factible es el anunciado objetivo de transformar el agro rural pobre dándole un contenido más productivo a los programas sociales. Si se llevaran las tecnologías de Sierra Productiva a las 750 mil familias de Juntos, para que aumenten su productividad en lugar de solo recibir dinero, el país habrá no solo acabado con la pobreza sino saldado una deuda secular y cerrado la herida colonial, devolviéndole dignidad al campesino. Y sería muy bello que PPK condujera personalmente esa cruzada en las comunidades. 

Lo que sí ha ofrecido es “explicar comunidad por comunidad los beneficios de industria extractiva”. Muy bien. Eso, combinado con el evangelio tecnológico en las comunidades, y con el programa de agua potable las 24 horas para todos, que es su tema emblemático, sería insuperable. Si logra la convivencia, perfectamente posible, entre agua, agricultura y minería, modernizando el agro andino y saneando las ciudades, habrá transformado al Perú reconectándolo a la vez con su propia esencia. 

Esas campañas de arraigo popular le darían, de paso, la fuerza política para persuadir a los grupos de interés que por ahora se oponen a las reformas fundamentales en lo laboral, en las propias empresas de agua potable, en la salud, en el servicio civil, en la desregulación, en la policía y en el Poder Judicial –cuya reforma también anunció– de la necesidad de llevarlas a cabo. 

Dichas reformas tampoco serán posibles sin el respaldo del Congreso. Ojalá que la actitud de Fuerza Popular no sea la que se insinuó ayer, cuando Chacón rechazó a priori –antes de escuchar la sustentación– la rebaja del IGV, y cuando la propia Keiko Fujimori anunció que “…vamos a convertir las propuestas de nuestro plan de gobierno en leyes”, sin conceder un espacio para concertar una agenda legislativa que sea producto de un diálogo inteligente. Imponerle al Ejecutivo un programa ajeno no parece muy eficiente ni democrático. Peor aun sería que la mayoría bloquee las reformas por consideraciones políticas. Que eso no ocurra.

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