El retorno de los poderes oscuros, por Juan Paredes Castro

Si los casos López Meneses y Belaunde Lossio representaron en su momento las sospechas de la existencia de poderes oscuros al interior del gobierno del presidente Ollanta Humala, ahora esas sospechas se han vuelto certezas.

La certeza, en primer lugar, del poder oscuro que permitió que durante mucho tiempo Óscar López Meneses, ex operador del ex asesor de inteligencia del régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, gozara de una impresionante protección policial en su domicilio.

Como consecuencia de la revelación de ese hecho insólito, renunciaron el entonces ministro del Interior Wilfredo Pedraza y quien fuera el principal asesor presidencial en asuntos de defensa y seguridad Adrián Villafuerte y hubo un gesto teatral de ajuste de cuentas de la cúpula policial que acabó en nada.

Que Humala llamara “basura” a López Meneses tampoco cambió en absoluto la historia.

La otra certeza tiene que ver con el poder oscuro que permitió que el ex operador de campañas electorales del Partido Nacionalista Martín Belaunde Lossio obtuviera “venias” y “salvoconductos” del gobierno para amarrar contratos y negocios suculentos con organismos del Estado. En este caso, al igual que en el anterior, las investigaciones fiscales se han topado con el mismo resultado: las entrañas del poder oscuro permanecen intactas. ¿Quizá hasta que Belaunde Lossio resuelva convertirse en colaborador eficaz?

El Ministerio Público investiga ahora las evidencias de usurpación de funciones públicas por la señora Nadine Heredia. De lo que se trata aquí es de develar la naturaleza de otro poder oscuro, que comprende, de un lado, la invasión de fueros administrativos propiamente domésticos; y, de otro lado, la intromisión de la primera dama en el ejercicio del poder presidencial, a tal punto que su participación en decisiones de gobierno y Estado habría afectado y seguiría afectando gravemente la investidura e imagen de su esposo, el presidente, además de señalar un implícito atropello al orden constitucional.

A este poder oscuro se suma el poder particularísimo que ejerce, sin duda al amparo de la ley, el viceministro de Defensa, Iván Vega, pero que, al igual que los ascensos amañados en el Ejército, carece de legitimidad.

La legitimidad entraña reconocimiento, respeto. La legalidad puede disfrazarse de cualquier cosa.

En este caso, es más probable que Vega despache más veces con el presidente y hasta con la primera dama que con el ministro de Defensa, y decida más cosas que este y el propio jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el delicado terreno militar y en la debilitada lucha contra el narcotráfico. Como en el régimen de Fujimori y Montesinos, vimos el poder oscuro de los viceministros, con tanto o más fuerza e influencia que los titulares.

Así, mientras hay poderes oscuros que se fortalecen, hay poderes claros y legítimos, como los de la vicepresidenta Marisol Espinoza, que pierden luz y sufren maltratos.

En este gobierno, con respetables excepciones, el verbo usurpar parece ganar más terreno y ser mejor conjugado que el verbo investigar, que pasa por inexistente.

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