La tremenda corte, la columna de Cecilia Valenzuela

Escribo estas líneas en actitud contrita. El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa me ha sancionado. Mis 25 años de periodismo no me alcanzarán para arrepentirme por no haber paporreteado una frase pronunciada por la vicepresidenta del nacionalismo y reelecta congresista por el partido de César Acuña, Marisol Espinoza.

Tampoco me servirán para resarcirme por no haber transcrito, a pie juntillas, el texto redactado por la fiscal arequipeña María Alejandra Cárdenas para acusar a los responsables, entre ellos los activistas de las ONG Red Muqui y Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de las víctimas provocadas por los ‘espartambos’; aquellos que, a punta de huaraca, intimidaron a todo un pueblo en el sur de nuestro país.

El último 30 de marzo, a solicitud de Espinoza, los tribunos reescribieron la historia. Según ellos, el ‘baguazo’ comenzó y terminó el 5 de junio del 2009, por lo que la visita de Espinoza el 5 de marzo, día en el que ella azuzó a los apus awajún, no se realizó en los días previos al ‘baguazo’, como yo afirmé en mi columna de opinión.

Los ilustres integrantes del Tribunal de Ética han olvidado que las protestas en Bagua comenzaron en diciembre del 2006; que el 9 de abril del 2009 las comunidades nativas tomaron por primera vez la carretera en el tramo de la Curva del Diablo. Y que después de transcurridos 50 días de paralización, el 5 de junio, recién se llevó a cabo la operación policial que terminó en la tragedia. Así pues, la visita de Espinoza sí se realizó en los días previos a que el conflicto comenzara a hacer crisis.

Pero, además, los tribunos sostienen que difundí información inexacta porque traduje a Espinoza y, sin cambiar el sentido de sus palabras, la cité diciendo: “En Choropampa cada día muere una persona”, cuando ella había dicho, en medio de una presentación política en la que denostaba la minería y la inversión privada: “El derrame de Choropampa, que hoy la gente se está muriendo día a día”.

Como en tiempos que pensábamos remotos, la libre opinión vuelve a ser fustigada y perseguida en el Perú. La sentencia contra Rafo León por “cochinear” a una colega llegó desde un despacho judicial; pero los edictos del pomposo Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana contra Juan José Garrido, director de “Perú 21”, y contra esta humilde columnista, han llegado desde una asociación de propietarios de medios.

En el caso de las ONG vinculadas a Tierra y Libertad y a los protagonistas del audio de las lentejas, el tribunal me sanciona porque, según un documento que le alcanzaron los activistas, la fiscalía no refiere exactamente lo que yo escribí. Eso no es exacto, en las páginas 16, 17 y 18 de la disposición fiscal, en la que se imputan los hechos delictivos que rodearon los sucesos en el Valle de Tambo, la fiscalía describe que Pepe Julio Gutiérrez y otros dirigentes de las protestas contra el proyecto Tía María se vieron beneficiados económicamente por estas ONG. Como se sabe, estos dirigentes coordinaban directamente con los ‘espartambos’.

Siempre he sospechado de los títulos pomposos. El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana tiene un nombre muy pomposo. Las personas que lo integran pretenden que una columnista de opinión consigne literalmente los datos en los que basa sus análisis. Como no han ejercido jamás el periodismo, creen que los periodistas solo escribimos reportajes. La interpretación, la observación, la subjetividad, características de la opinión que se encuentra garantizada en nuestra Constitución Política, no son consideradas en sus fallos.

¡Cuidado¡ Su falta de conocimiento ya le abrió la puerta a la censura con su fallo contra “Perú 21”. En ese caso el tribunal sostiene que los periodistas no podemos publicar investigaciones fiscales, policiales o de otra índole que se encuentren en investigación preliminar, por más oficiales que estas sean. Entonces, ¿cómo vamos a alertar a la sociedad?

En mi opinión, los dueños de los medios deberían revisar a quiénes les encargan los asuntos de la prensa.