El fiscal Pablo Sánchez contrató a Samuel Abad como su defensor. (Archivo El Comercio)
El fiscal Pablo Sánchez contrató a Samuel Abad como su defensor. (Archivo El Comercio)
Redacción EC

Lima

Diversas organizaciones sociales expresaron su respaldo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, frente a las denuncias constitucionales que recibió de los congresistas Daniel Salaverry (Fuerza Popular) y Yeni Vilcatoma (no agrupada).

Según informa la agencia Andina, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), entre otras, presentaron esta mañana una denuncia constitucional en contra de los parlamentarios de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente por haber aprobado el informe que autoriza investigar a .

Al respecto, Jorge Bracamonte, secretario de la CNDDHH, aseveró que el Perú está enfrentando “la crisis institucional” de mayor gravedad desde que se retornó a la democracia el 2001.

"[Esta es] la crisis institucional más grave ocurrida desde el retorno a la democracia, que afecta al Poder Ejecutivo, a los poderes constitucionalmente autónomos, como el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público; así como a quienes se manifiestan contrarios a la mayoría del Congreso", señaló.

En la misma línea se pronunció el secretario general de la CGTP, Gerónimo López, quien aseveró que en el Parlamento existe una “dictadura” que “atenta contra los principios democráticos” del Perú.

“Hay una dictadura parlamentaria del fujimorismo, que se moviliza por intereses propios y hace uso de su poder a fin de obstaculizar las investigaciones en curso, lo que atenta contra los principios democráticos del país", aseveró.

La denuncia constitucional presentada atribuye a estos los legisladores haber contravenido la Carta Magna al intervenir en una causa judicial en proceso al buscar inhabilitar a Pablo Sánchez y con ello contravenir el principio de separación de poderes.

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