Osmán Morote llegó a la vivienda donde reportó que cumplirá la orden de arresto domiciliario ubicada en Chaclacayo. La policía desplegó una caravana de patrulleros para supervisar su traslado. (Dante Piaggio / El Comercio)
Osmán Morote llegó a la vivienda donde reportó que cumplirá la orden de arresto domiciliario ubicada en Chaclacayo. La policía desplegó una caravana de patrulleros para supervisar su traslado. (Dante Piaggio / El Comercio)
Juan Paredes Castro

El insólito cambio de vida de los terroristas de Osmán Morote y Margot Liendo, de la cárcel efectiva al arresto domiciliario, pinta ridículamente en la pared al Estado Peruano.

El presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, estaba tan despistado del nuevo reblandecido estatus de carcelería que le esperaba a estos dos importantes miembros de la cúpula de Sendero Luminoso que su sorpresa ha estado por debajo de la de cualquier indignado ciudadano peruano. Muy lejos, por supuesto, de la que correspondería a un alto magistrado consciente del peligro y daño que esta decisión judicial representa para la seguridad interna del país.

No hace mucho fue incautado un plan de reconstrucción de Sendero Luminoso. ¿Qué esperamos para reaccionar?

Más preocupado por la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, cuando decenas de casos similares esperan resolverse hace años en el Tribunal Constitucional, Duberlí Rodríguez apela a su vieja dialéctica política para convencernos de que “la ley es la ley” (¡qué tal novedad!) y que si hay por ahí una política antiterrorista u otra anticorrupción, lamentablemente no está en sus manos averiguarla, menos asumirla.

Con el cuento del hábeas corpus, el Tribunal Constitucional se ha vuelto ahora la última instancia habitual de muchos contenciosos judiciales, que encuentran con suerte allí, como en la casa del jabonero, la manera de resbalar desde lo más alto hacia la cómoda impunidad que espera abajo. Es el tobogán que está de moda, incluso con el voto comprometido de alguno de sus miembros, desde que recibiera en el Congreso el favor político que lo encumbró.

La primera comprobación que salta a la vista es que el Estado carece de defensa, porque quienes están a la cabeza de los órganos constitucionales creen responder solo por ellos (Gobierno, Legislativo, Ministerio Público, Justicia y Tribunal Constitucional) como si todo se limitara a la separación de poderes, en un absurdo reino de autonomías que convierten, por ejemplo, a las procuradurías en territorios de nadie.

En los últimos años no hemos añadido nada importante a las recetas macroeconómicas del 90, ni al precario rescate de la democracia del 2000 ni al crecimiento errático del PBI. Más bien hemos perdido gobierno, perdido autoridad y perdido Estado. En materia de derechos humanos nos hemos vuelto adictos a los códigos y a las leyes interamericanas, y adversarios de los mandatos soberanos internos. El Estado Peruano es visto como una alfombra para limpiarse los pies frente a la otra externa, en la cual resulta normal hincarse de rodillas, lo que no nos hace más demócratas.

Necesitamos un Estado fuerte y soberano en el que el presidente, el primer ministro y las cabezas de los demás poderes no estén ridículamente pintados en la pared.

Presidente Vizcarra, no se quede con las palabras en la boca. Diga lo que tenga que decir. Tome decisiones e imponga severos seguimientos.

El Estado es mucho más que sus definiciones intelectuales, legales y constitucionales. Es nuestra garantía de vida, paz, desarrollo, bienestar, convivencia y futuro para todos. No de odios, claro está.