(Foto: Archivo El Comercio)
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Cecilia Valenzuela

Hace dos semanas, la procuradora de lavado de activos Janet Briones pidió que una instancia superior revise formalmente las razones por las que la fiscal Sara Vidal, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, archivó el caso de . Mediante un recurso de apelación, Briones cuestionó que la fiscal Vidal decidiera prescindir de los peritajes contables que la policía venía realizando a las empresas de los Ramírez, aduciendo que los peritos no habían terminado su trabajo a tiempo.

La procuraduría tiene toda la razón. Para archivar la investigación por lavado de activos a Ramírez, Vidal mintió y les dijo a sus superiores que los peritos policiales solo habían avanzado un 10% en su investigación.

Pero además, aferrándose a una sentencia que el Poder Judicial dictó en un caso que, contrario al que ella evadía, había sido denunciado e investigado, argumentó que su despacho no podía presumir que la fortuna de Ramírez proviniera de una fuente ilícita. ¿Acaso entre sus funciones como fiscal no estaba, precisamente, la de sospechar? ¿No debía buscar las pruebas a partir de los indicios?

¿A Vidal no le llamó la atención que las empresas de Joaquín Ramírez no tengan registrada formalmente su contabilidad? ¿Y que Ramírez diga que perdió los libros contables de sus tres empresas, al mismo tiempo, en un taxi? ¿Acaso la fiscal no sabe que esas tres empresas son propietarias de 34 vehículos? ¿Cómo es que el dueño de tantos autos traslada sus libros contables en un taxi?

La Fiscalía de la Nación está en la obligación de reabrir el Caso Ramírez y vigilar que ninguna influencia intervenga en su desarrollo.
Cuando Nelly Calderón ocupó el cargo que hoy ocupa Pablo Sánchez, la fiscalía firmó un convenio de cooperación con la Universidad Alas Peruanas, de propiedad de Fidel Ramírez, cabeza de la organización familiar empresarial que integra Joaquín. En el convenio, la universidad se compromete a “otorgar a los participantes del Ministerio Público la categoría H en la pensión mensual en los programas de pregrado y posgrado, en la modalidad presencial o a distancia. Asimismo, en las diferentes filiales de todo el país se otorgará la categoría más baja en la pensión mensual a pagar”.

Cuando José Peláez asumió como fiscal de la Nación, el convenio se hizo extensivo a los hijos y familiares de los fiscales. Y el 22 de enero del 2015, Pablo Sánchez prorrogó por dos años el acuerdo. En el interín, la familia Ramírez ha visto dormir o archivarse todas las denuncias que llegan en su contra a la fiscalía: el tío Fidel tiene 20 procesos pendientes en la fiscalía de Lima, cinco en Ica, uno en Junín, uno en La Libertad y dos en Lambayeque. Pero no pasa nada. La fiscalía nunca lo denuncia. Es difícil que quien entrega becas a quienes deben investigarlo sea investigado.

Desatado el escándalo en medio de las elecciones del 2016, cuando trascendió que la DEA investigaba a la familia Ramírez, la fiscalía suspendió el convenio; pero otro igual sigue vigente con las cortes superiores de Justicia de Arequipa, Ica y Callao.

De prosperar la investigación por lavado de activos a Joaquín Ramírez, Alas Peruanas estaría hasta el pescuezo. Las empresas de él y de su hermano Osías Ramírez, congresista de Fuerza Popular, le han prestado servicios, a cambio de pagos millonarios, a la universidad. Pagos que una auditoría cabal consideraría inauditos.

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