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Las repercusiones tras la confesión de pagos ilícitos por el gasoducto sur

Revelación hecha por Odebrecht dará inicio a un nuevo proceso de colaboración eficaz y podría influir en disputas sobre inversión hecha en la obra

Gasoducto del Sur

Las tuberías instaladas por el consorcio integrado por Odebrecht quedaron bajo vigilancia del Estado. (Foto: Difusión)

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La confesión de la empresa Odebrecht sobre la realización de pagos ilícitos por la obra del gasoducto sur tendrá una serie de repercusiones en distintas aristas del caso. Por un lado, el Ministerio Público y la constructora iniciarán un proceso de colaboración eficaz que lleve a la obtención de información sobre los presuntos hechos ilícitos y el compromiso del pago de una reparación civil. Por otro, afectaría las disputas sobre el reconocimiento de la inversión hecha en la obra.

Después de anunciar esta confesión, el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, señaló que el convenio firmado con Odebrecht es progresivo y abierto, por lo que permite incorporar nuevos hechos a partir del reconocimiento de actos delictivos por parte del colaborador eficaz.

—Próximos pasos—
El primer paso que tiene que dar la fiscalía es la corroboración de la información proporcionada por Odebrecht y la negociación de las condiciones para la empresa, señala el abogado penalista Vladimir Padilla.

Luego correrá traslado de la información a la procuraduría del Caso Lava Jato para que calcule el monto de la reparación civil, explicaron fuentes relacionadas con la investigación. Después, procederán a la negociación con la empresa y llegarán a un acuerdo sobre la cifra.
Padilla explica que el acuerdo anterior no puede ser modificado, y que la empresa no perderá los beneficios, pues no está obligada a dar información en relación con otros proyectos ajenos a los cuatro casos originalmente comprendidos.

Para algunas voces críticas, como el penalista Luis Lamas Puccio, la constructora está actuando de mala fe al no tomar la iniciativa de confesar todos los hechos ilícitos en los que ha participado.

Para el exprocurador Antonio Maldonado, el Ministerio Público debe buscar la firma de un nuevo acuerdo de colaboración eficaz por este caso y, a fin de no afectar los términos de la reparación civil ya pactada, la fiscalía debe informar sobre estos hechos al órgano jurisdiccional que emitió la sentencia anterior.

Esto servirá para incorporar la información proporcionada por Odebrecht a la indagación a cargo de la fiscal Geovana Mori, quien solicitó los allanamientos del martes a la vivienda de la ex primera dama Nadine Heredia y a otros investigados por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

—Inversión en debate—
El 23 de enero del 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski anunció el fin de la concesión otorgada al consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht (55%), la empresa española Enagás (25%) y la peruana Graña y Montero (20%). El contrato fue cancelado, pues el consorcio no fue capaz de conseguir el financiamiento requerido después de que estallara el Caso Lava Jato.

El contrato, firmado en el 2014 en el gobierno de Ollanta Humala, requería una inversión de US$7.328 millones por parte del consorcio en la infraestructura y operación del proyecto.

Al cierre del contrato, el consorcio integrado por Odebrecht había invertido un monto aún no determinado en la colocación de tuberías para el transporte de gas desde Cusco. Consultados por este Diario, tanto el Ministerio de Energía y Minas como la filial peruana de Odebrecht se excusaron de dar información oficial sobre el monto real de lo invertido en esta obra.

Diversos analistas han señalado que el monto desembolsado por el consorcio supera los US$2 mil millones tomando como base de cálculo la demanda por US$511 millones interpuesta por Enagás ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi) para que el Estado les devuelva el monto invertido.

Este monto, sin embargo, es inverosímil, señala el abogado especialista en hidrocarburos Jaime Pinto, pues implicaría que se haya ejecutado al menos la mitad de la obra.

Pinto explica que las tuberías se encuentran en un limbo jurídico, pues no se ha definido si le pertenecen al Estado o a la constructora. El Ejecutivo ha contratado a la empresa colombiana Estudios Técnicos para el mantenimiento de esta infraestructura, lo que le cuesta US$46 millones anuales.

A diferencia de Enagás, Odebrecht entró en un proceso de trato directo para el reconocimiento de la inversión realizada con el Ejecutivo, antes del inicio de una demanda arbitral. Este proceso aún no ha finalizado.

Pinto y la penalista Romy Chang consideran que es cuestionable que las empresas soliciten el reembolso de los gastos de inversión cuando el incumplimiento del contrato es responsabilidad del consorcio. Pero existe un tema adicional que podría inclinar la balanza a favor del Estado.

El contrato del gasoducto suscrito por Odebrecht contempla una cláusula anticorrupción en la que se señala que “el concesionario, ninguno de sus accionistas, socios o empresas vinculadas” ni cualquiera de sus respectivos representantes ha pagado, recibido, ofrecido ni intentado pagar “comisión ilegal en relación con la concesión, el contrato y el concurso”.

Para Chang, la formulación de esta cláusula es lo suficientemente amplia para poder incluir pagos indebidos a funcionarios públicos o a privados.

¿Por qué es importante esta cláusula? Para Pinto, cualquier reclamo arbitral que puedan presentar las constructoras para recuperar la inversión hecha en el proyecto se debilita si se reconoce que hubo hechos ilícitos en la adjudicación.

Pinto sostiene que no importa si solo una de las empresas consorciadas realizó el pago ilícito. En ese caso, Enagás y Graña y Montero podrían iniciar acciones legales contra Odebrecht por los daños generados.

–Más información–
El portal Convoca reveló planillas en las que se registran 17 pagos ilícitos relacionados al gasoducto por un total de US$3’070.000.
dos investigaciones

Hay dos carpetas abiertas por la adjudicación de este proyecto. Una en manos de la fiscal Geovana Mori y otra a cargo del fiscal Reynaldo Abia.

El contrato se cayó en la etapa de cierre financiero. No se llegó al inicio de la operación comercial, lo cual hubiese sido beneficioso para el reclamo de la inversión, según los especialistas consultados.

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