Respaldan a fiscal Pablo Sánchez ante denuncia del fujimorismo

Ninguna adhesión y solo cuestionamientos recibió ayer la denuncia constitucional por supuesta omisión de funciones que presentó el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, según la cual, no se ha investigado a las empresas que se consorciaron con la brasileña Odebrecht.

Para el constitucionalista Samuel Abad, la denuncia “no tiene ningún sentido ni justificación” porque va en contra de un órgano autónomo. “Ellos [los fiscales] deciden cuándo intervienen y cuándo no”, comentó.

Abad precisó a este Diario que esa autonomía está contemplada en la Constitución Política, razón por la cual el Congreso “no puede establecer mecanismos, a través de acusaciones constitucionales”, para decirle a la fiscalía cómo debe actuar porque en democracia cada órgano tiene su rol y función.

Por lo tanto, consideró que la denuncia de Salaverry “no tiene ningún sustento jurídico y debería ser inmediatamente archivada”.
También criticó que el Parlamento, siendo un ente político por excelencia, ingrese a asuntos de investigación jurisdiccional. “Hoy es el Ministerio Público, mañana puede ser el Poder Judicial o, como ya está ocurriendo, el Tribunal Constitucional (TC)”, mencionó.

El ex presidente del TC Víctor García Toma también se pronunció ayer. Señaló que, si bien la institución que dirige Pablo Sánchez puede cometer errores, esto no justifica una denuncia de esta manera.
“Una cosa es la eficiencia, la eficacia y otra muy diferente incurrir en un acto delictivo que no creo que sea el caso”, aseveró. Añadió que el Congreso no está para medir la eficiencia de las decisiones de la fiscalía.

—Los otros poderes—
Las críticas a la denuncia fujimorista también llegaron desde el Ejecutivo y el Poder Judicial. La jefa del Gabinete, Mercedes Aráoz, consideró que el Congreso debe “respetar los fueros jurisdiccionales” para garantizar la independencia y observó que la denuncia de Salaverry esté basada en informes periodísticos.

Anotó que Pablo Sánchez, como fiscal supremo, no puede definir las decisiones que adopta el equipo especial del Caso Lava Jato, que está liderado por el fiscal Hamilton Castro.

Para el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, se puede ser crítico con las instituciones, pero eso no justifica tomar medidas que pueden afectar su independencia.

Explicó que no solo el Ministerio Público, sino también la Procuraduría, el Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo son instituciones con “raigambre constitucional” y trabajan en el contexto de sus competencias.

La asociación civil Transparencia también respaldó a Sánchez. “El respeto a las instituciones constitucionalmente autónomas constituye un pilar fundamental para la democracia y el Estado de derecho”, subrayaron.