Richard Acuña: levantamiento del fuero se define a más tardar a fin de mes

Luego de cuatro sesiones frustradas, el congresista Richard Acuña (Alianza para el Progreso) pudo ayer dar su descargo ante la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que en un plazo máximo de 15 días hábiles –es decir, a fines de este mes– decidirá si procede el pedido de la Corte Suprema para levantarle el fuero.

El Poder Judicial solicitó la medida para investigar al legislador de APP por la presunta adquisición irregular de un terreno de 20 mil metros cuadrados en Trujillo.

Acuña, segundo vicepresidente del Congreso, explicó en la comisión que en el 2004 adquirió con su hermana el terreno a un precio muy bajo y que recién en el 2010 apareció un tercero, quien les abrió un proceso civil y aseguraba que la persona que les vendió el lote no era dueña de la posesión.

Agregó que recién en marzo del 2015, cuando ya era congresista, surgió una denuncia penal, pero no en su contra, sino de su hermana. “Compramos de buena fe, probablemente hayamos sido engañados”, dijo tras asegurar que nunca fue citado por la fiscalía o el Poder Judicial para ver ese caso.

Mario Deza, abogado de Acuña, pidió que se declare improcedente el pedido de levantamiento del fuero pues, en su opinión, no se cumpliría un requisito fundamental: la formalización de una investigación preparatoria contra su patrocinado. “A la fecha de la solicitud, no se ha formalizado una investigación preparatoria contra mi cliente”, recalcó.

Justamente, la Corte Suprema ha pedido el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que Acuña pueda ser incluido en la investigación preparatoria que ha formalizado el Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Trujillo, que tiene a su cargo el caso por presunto fraude procesal.

Acuña manifestó que tiene la “conciencia tranquila”. “Me someteré a la decisión que tome la comisión”, expresó.

Señaló que le parecía extraño que hayan esperado tanto tiempo para hacer una denuncia penal y cree que detrás de esta hubo una intención de chantaje.

“En el 2015 apareció la empresa que decía ser dueña del terreno y pidió que le comprara a US$300 el metro cuadrado, cuando valía US$50. Dijeron que si no lo hacía, iban a hacer la denuncia. No acepté que me chantajearan”, expresó.

Consultado por la prensa sobre por qué no se allanaba voluntariamente al levantamiento de su fuero para aclarar la denuncia en el Poder Judicial, respondió que eso debe decidirlo el Congreso.

En la sesión de ayer participaron 13 miembros de la comisión. No asistió César Vásquez, del partido de Acuña, por estar con licencia.