"Ley de Mulder impediría que la gente conozca qué se está haciendo"

Rodrigo Villarán, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), opina sobre los alcances del proyecto de Mauricio Mulder que plantea prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados, haciendo hincapié en que las alternativas sugeridas no están en capacidad de suplir al alcance de los medios tradicionales.

— El legislador Mauricio Mulder ha desistido de asistir el próximo 5 de marzo a la conferencia que organizan el CPP y el IPYS sobre este tema. ¿Cuál es su lectura sobre su negativa a debatir sobre el asunto?
Lamentamos que el congresista haya desistido de participar en el evento porque considerábamos que esta era una oportunidad muy valiosa para conocer los argumentos que sirven de sustento al proyecto. Ya han confirmado su participación el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, el defensor del Pueblo, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otros.

— ¿Cuál es el principal derecho que se pone en riesgo a causa de esta propuesta?
El ciudadano verá menoscabado su derecho al acceso a la información. No sabrá sobre los programas, proyectos y servicios que brinda el Estado. Cuando se propone que la publicidad se haga a través de un medio de comunicación estatal, como lo hace la ley de Mulder, lo que se hace es impedir que gran parte de la gente conozca qué se está haciendo.

— ¿El CPP ha hecho esfuerzos para que la norma vigente sobre publicidad estatal se reglamente? El dispositivo se dio hace dos gobiernos.
Nosotros siempre hemos dicho que es necesario reglamentar la ley vigente, afinar los detalles que permitan su adecuada implementación. Nosotros, en esa línea, enviamos un informe con nuestra opinión sobre este nuevo proyecto de ley y la posibilidad de reglamentar la otra norma.

— En un principio el CPP pidió al titular del Parlamento, Luis Galarreta, que se archive la iniciativa y ahora piden debatirla. ¿Por qué este cambio?
No, nuestra posición no ha cambiado. Lo que nosotros estamos señalando es que estamos a favor de la regulación de la publicidad estatal. Hemos dicho que la falta de regulación o la mala regulación son nocivas para el ejercicio de la libertad de expresión. En todo momento hemos planteado un debate que no nos conduzca a la modificación de la ley, sino a la reglamentación de la ley vigente.

— Los que están a favor del proyecto de Mulder afirman que el Gobierno actúa de forma discriminatoria favoreciendo a algunos medios, y perjudicando a otros, a través de los contratos. ¿Qué diría al respecto?
Justamente la idea de que exista una ley como la que tenemos vigente es que permita que estas decisiones de asignar publicidad a un medio u otro se sustenten en criterios técnicos. Puede ser por audiencia, el perfil del público al que se quiere llegar, entre otros criterios. Eso se tiene que detallar en un reglamento. La ley establece la obligación de contar con un plan de medios y de justificar de manera adecuada los criterios para la elección de los medios empleados. Eso viene con un mandato vigente desde el 2006 de colgar todos los contratos en las páginas web y de brindar esta información a los órganos de control interno. Ahí se pueden verificar excesos.

— La propuesta de Mulder le da especial énfasis al gobierno electrónico. ¿El Gobierno está en capacidad de transmitir sus políticas públicas valiéndose únicamente de internet?
Definitivamente no. Sin desconocer el gran potencial que tienen las redes sociales, es objetivo decir que estas aún no tienen el alcance de los medios de comunicación tradicionales. El gran porcentaje de hogares en el país no tiene acceso a internet. Gran parte de las personas que tienen celulares no tienen planes de datos. Si a ese porcentaje le agregas que solo una porción tiene cuenta en redes sociales y que es muy poco probable que accedan al perfil de Facebook del Minsa o el Minedu te vas haciendo una idea. No estamos en un escenario en que las páginas web o las redes sociales suplan a los medios de comunicación.

— ¿Qué opina usted de la propuesta de la congresista Letona de establecer un tope máximo en el presupuesto institucional de apertura de cada sector para gastos de publicidad?
Nosotros consideramos que todas las propuestas que están sustentadas técnicamente pueden ser positivas. La pregunta sería establecer un tope a qué porcentaje del presupuesto. ¿Habrá una diferencia entre el sector Educación frente a otros que invierten menos en pautas publicitarias como Relaciones Exteriores? Esto debe discutirse a nivel de comisiones [del Congreso] para evaluar la fórmula adecuada.

— ¿A qué instancias evalúan acudir en caso se apruebe la norma?
En el supuesto de que esto se apruebe mañana [hoy], estaremos a la expectativa de lo que haga el Ejecutivo. Mercedes Aráoz adelantó que si la norma seguía con los mismos criterios sería observada. En ese caso estaríamos atentos a una eventual insistencia del Congreso. Le daremos seguimiento al tema, al igual que a las reacciones internacionales. Son muchas las organizaciones e instituciones que se han expresado en contra de esta propuesta. Todos han llamado a la reflexión al Congreso para que el debate se desarrolle de una forma consultiva.

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