Lo que no sabías de la vacancia, una crónica por Fernando Vivas

Hace un par de semanas, antes de que Rosa Bartra recibiera de Odebrecht una papa hirviendo –la lista de asesorías que hizo Westfield Capital a proyectos de los brasileños, mientras su dueño era el funcionario público PPK– y nos la lanzara encima, ¿qué pasaba por la cabeza de los principales actores?

El presidente, a pesar de sus tribulaciones de gobierno, pensaba en un posible viaje a la Antártida. En el verano se suelen hacer expediciones a nuestra base polar Machu Picchu –la fecha más propicia para romper el hielo– y PPK quería ser de la partida, según me lo confirmó una fuente diplomática.

Pues las cosas se pusieron demasiado calientes y no se pudo ir al polo. Odebrecht (la sigla y Marcelo) rebosaba furia porque el D.U. 003 le impide capitalizar la venta de sus activos. Una fuente oficialista de alto nivel me contó que, precisamente, un día antes de pasar la bomba a Bartra, ejecutivos de Odebrecht hablaron con un procurador del Estado para que se les permitiera dejar un pequeño fondo y capitalizar la mayor parte de la venta de Chaglla, la central hidroeléctrica que no es asociación público-privada (APP), sino obra exclusiva de Odebrecht en el Perú. La respuesta fue negativa, y eso bien pudo ser el acicate de la bomba.

En realidad, la pica de Odebrecht ya había sido notoria el 9 de noviembre, cuando su líder recluido, Marcelo, declaró ante fiscales peruanos en Curitiba. Al día siguiente, se difundieron los trascendidos de sus declaraciones sobre las ‘asesorías para curar heridas’ que su empresa habría dado a PPK. En un almuerzo entre periodistas y fiscales, el mismo 13 de diciembre en que Bartra soltó la bomba, conocimos más indicios sobre la pica de Marcelo. Mirko Lauer, uno de los presentes, escribió luego la columna “Odebrecht golpista” en “La República”. La empresa replicó precisando que los contratos fueron legales y todos firmados por Gerardo Sepúlveda. Aunque eso no frenó el proceso de vacancia, era evidente que Odebrecht quería mitigar el impacto de su bomba.

—Te vaco y me salvo—
La fiscalía, por cierto, es otro actor protagónico. Desde antes que el vocero fujimorista Daniel Salaverry promoviera la denuncia constitucional contra el fiscal Pablo Sánchez, Keiko Fujimori ya se sentía blanco vulnerable de varias investigaciones. Miedo auténtico o inducido por aliados interesados, esto se exacerbó a partir de la denuncia a Sánchez. El allanamiento de sus locales partidarios por el fiscal José Domingo Pérez fue percibido como una réplica provocadora. Por más que fuese conocida la autonomía y vehemencia de Pérez (doy fe de ella), era difícil que no se difundiera dentro de las filas naranjas la idea de que la fiscalía podría forzar medidas extremas contra su lideresa a partir de las próximas declaraciones de Jorge Barata sobre los aportes a la campaña del 2011 y de las investigaciones paralelas sobre el ex secretario general Joaquín Ramírez. Temores, paranoias y ganas de ahogar a Sánchez en el río revuelto también han acicateado la vacancia. Si la moción no la presentaba el Frente Amplio (no tenemos ningún indicio sólido para asegurar que el FA coordinó con FP), ellos mismos la hubieran promovido.

Por supuesto, el Caso Lava Jato no ha vaciado todo su contenido y es probable que vengan revelaciones desestabilizadoras para Keiko y también para PPK. Pero ese temor no podría haber sido la única o más importante causal de vacancia, pues nada les aseguraba que, de darse la vacancia, las investigaciones y las revelaciones se detendrían.

—¿Quién dijo indulto?—
Tras el desconcierto inicial y la pérdida del ministro Carlos Basombrío, el oficialismo se repuso. Algunos ministros y congresistas (los del partido PPK como Violeta y Heresi, Aráoz luego de decir que estaba disponible para la transición, Nieto, Del Solar, Sheput, Bruce) empezaron a defender y cabildear contra la vacancia. Hubo además refuerzos, como el de Fernando Zavala, instalado en la casa presidencial en Choquehuanca. El apuro vacador y el cuco de un interregno fujimorista con mayoría absoluta si Vizcarra y Aráoz renunciaban empezaron a ganar votos y opinión pública contra la vacancia. El propio PPK, me cuentan, recuperó a los distanciados apepistas, mientras se barajaban nombres de abogados desde Natale Amprimo hasta el espectro izquierdista. Alberto Borea fue el elegido.

Apenas se supo –y se vio en TV– que nueve fujimoristas se sumaron a la posición disidente de Kenji, muchos pensaron que el gobierno consiguió esos votos a cambio de la firme promesa del indulto a Fujimori. Sin embargo, tanto mis fuentes cercanas a Kenji como mis fuentes oficialistas se negaron a aceptar que hubiera una negociación con fecha inmediata. Es más, hubo oficialistas que aseguraron al bloque de diez congresistas de Nuevo Perú que no darían el indulto.
Aunque está abierta la posibilidad de que PPK rompa su promesa a los antifujimoristas, todo indica que el bloque de nueve congresistas que votaron con Kenji tiene motivaciones que se superponen al deseo de indultar a Alberto. El indulto podría tardar semanas o haberse dado tras el cierre de estas líneas, pero la disidencia de los nueve es, como me dijo un kenjista, ‘la coronación de un esfuerzo’, más allá de la libertad de Alberto Fujimori.

Esos congresistas jóvenes y provincianos, resentidos por la distancia y cierto maltrato discriminador que han recibido de la dirigencia al procesar sus faltas, tenían –al igual que Kenji– razones propias para hacer oír su voz. Ha sido esta implosión parcial del fujimorismo, este proceso aparte de las tensiones del Ejecutivo con FP y con Odebrecht, y de FP con la fiscalía, lo que impidió que el presidente fuera vacado y que la crisis se detenga, al menos, mientras duran las fiestas.

MÁS EN POLÍTICA...