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El 13 de septiembre del 2017, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda contra la ‘ley antitransfuguismo’, una resolución legislativa —a iniciativa de Fuerza Popular— que modificaba diversos artículos del Reglamento del Congreso.
Tras su aprobación, en el 2016, se prohibía a los congresistas que hayan renunciado o sido expulsados la posibilidad de poder sumarse a otra bancada. Con ello, de facto, se eliminaba su participación en la Mesa Directiva y en las diversas comisiones del Congreso, entre otros derechos.
La norma refería que los congresistas podían apelar internamente en caso de que considerasen que hayan sido sancionados de forma irregular. De dárseles la razón, podían volver a su agrupación o solicitar al Consejo Directivo su incorporación a otra fuerza política representada.
En su resolución, el TC manifestaba que con esta ley sí se afectaba la libertad de conciencia toda vez que no se diferenciaba claramente entre aquellos legisladores que realizan transfuguismo o un “transfuguismo legítimo”, esto último para quienes por motivos ideológicos ─o porque están en desacuerdo con su bancada─ decidan retirarse.
Esta norma permitió que legisladores disidentes del Frente Amplio conformen lo que hoy se conoce como la bancada de Nuevo Perú, así como que Patricia Donayre se incorpore a Peruanos por el Kambio luego de su salida de Fuerza Popular.
Sin embargo, inmediatamente después, saltándose su paso por comisiones, el pleno del Congreso aprobó otra iniciativa ─nuevamente presentada por Fuerza Popular─ con el mismo fin, esta vez denominada como “ley de bancadas mixtas”.
Allí se establecía también que no podían conformar una bancada ni adherirse a otra los congresistas que hayan renunciado, sean separados o expulsados de sus agrupaciones. Sin embargo, dejaba la posibilidad de conformar una “bancada mixta” en aquellos casos que se compruebe que su sanción se dio de forma irregular.
A través de esta “bancada mixta”, los legisladores ─sin distinción por ideología─ podían acceder a sus derechos al igual que las otras fuerzas políticas.
Aunque el 16 de julio de este año TC declaró infundada la demanda presentada por este tema, el máximo intérprete de la Constitución sí consideró que en el Congreso “no puede obligarse a que en los casos de disidencia obligatoriamente se vaya a un grupo mixto”.
Determinó, además, que los parlamentarios renunciantes por diferencias de conciencias ─debidamente fundamentadas─ pueden conformar nuevas agrupaciones.
Tras conocerse este fallo, se pidió una opinión a la Comisión de Constitución, que actualmente preside Rosa Bartra (Fuerza Popular), sobre los alcances interpretativos de la resolución. No obstante, hasta la fecha, no se emitió ningún informe.
El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, autorizó el miércoles que se puedan conformar nuevas bancadas, en conformidad con los dispuesto por el TC. Esta decisión ha generado una disputa al interior del Congreso.
El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, ha mencionado que ahora Salaverry quien tiene actitudes dictatoriales. El Consejo Directivo se reúne este viernes para revisar el tema.
