Toledo fue encontrado con una maleta con $40,000 cuando fue arrestado. (Foto: GEC)
Toledo fue encontrado con una maleta con $40,000 cuando fue arrestado. (Foto: GEC)
Mario Mejía Huaraca

Los miembros del (TC) dejaron al voto –es decir, en etapa de evaluación– su pronunciamiento sobre el recurso de hábeas corpus que la defensa del expresidente presentó con el fin de que se anule la resolución suprema que autorizó el proceso de su extradición por el Caso .

En las próximas semanas, el pleno del máximo intérprete de la Constitución deberá resolver el recurso de Alejandro Toledo.

En una audiencia realizada este miércoles, los miembros del TC escucharon los argumentos de Heriberto Benítez, el abogado de Toledo que interpuso el hábeas corpus. El TC también atendió la sustentación de los procuradores del Ministerio de Justicia y de la Presidencia del Consejo de Ministros, que solicitaron se declare improcedente el pedido de la defensa.

El 21 de marzo del 2018, el Consejo de Ministros autorizó el pedido de extradición de Toledo formulado por el Poder Judicial para que sea procesado por los sobornos que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht. En mayo de ese año, la cancillería tramitó la solicitud de extradición ante las autoridades de Estados Unidos, país donde el exgobernante está. Actualmente, el expresidente se encuentra detenido como parte del proceso.

En la audiencia de este miércoles, Benítez sostuvo que el Ejecutivo vulneró el derecho de defensa de Toledo e incumplió los requisitos básicos del Tratado de Extradición de Perú y Estados Unidos. Aseguró que no se presentó el documento de imputación; es decir, la acusación, "porque no la hay, pues recién estamos en la primera etapa, que es investigación preparatoria". 

Ante los magistrados del TC, el abogado manifestó que no dejaron que ejerza la defensa de su patrocinado vía verbal, cuando se ejecutaron los trámites de extradición en el Consejo de Ministros.

"No nos permitieron hablar, queríamos advertir al Ejecutivo de que no tramitara el pedido de extradición sino, más bien, que la devolviera a la Corte Suprema para que lo susbsanaran, pues no se cumplieron con los requisitos", manifestó.   

Por su parte, los abogados del Estado solicitaron que se rechace la pretensión de la defensa de Toledo porque, dijeron, no se ha vulnerado ningún derecho contra su persona y porque la autorización de la extradición, tanto en la etapa del Poder Judicial como en la del Ejecutivo, ha sido de acuerdo a ley.

El representante de la procuraduría del Consejo de Ministros expresó que el abogado de Toledo no puede reclamar que no se le haya permitido hablar en el proceso de la extradición que se dio en el Consejo de Ministros, pues en esa etapa no corresponde que intervenga el encausado ni su defensa.

"El denunciado o su abogado tienen derecho a hablar en la primera etapa del proceso; es decir, en el Poder Judicial, donde se hace el análisis de legalidad, y ya se hizo uso de ese derecho el 5 de marzo del 2018. No se ha vulnerado ningún derecho, por eso pido se declare improcedente o infundado el pedido presentado", dijo.

En tanto, el representante de la Procuraduría del Ministerio de Justicia sostuvo que las demandas y cuestionamientos de tipo jurídico señalados por el abogado de Toledo corresponden a la Corte Suprema y no al Ejecutivo.

"Todo eso ya fue analizado en la Corte Suprema. Lo único que debería verse aquí es el tema de que no se le permitió hacer un informe oral, pero según la norma no está establecido dar el uso de la palabra al requerido en esta etapa porque la defensa ya lo hizo en la etapa anterior", aseveró.

La abstención de Blume
​El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, se abstuvo de participar en esta causa, por lo que se retiró al inicio de la audiencia. El magistrado solicitó al TC inhibirse de ver este caso. Su pedido fue aprobado por el pleno del 15 de agosto.

Fuentes del TC indicaron a El Comercio que Blume decidió inhibirse "por decoro" y para evitar cualquier suspicacia por el hecho de que tiene vínculos con un familiar de Toledo. 

En el 2006, la hija del titular del Tribunal Constitucional se casó con Jorge Luis Toledo Velásquez, el sobrino del exmandatario a quien se conoce como 'Coqui'.