“A nadie en el Perú le conviene que PPK no termine su mandato”

La titular del grupo de Constitución, Úrsula Letona, habla en esta entrevista sobre la denuncia constitucional contra el fiscal Pablo Sánchez y las investigaciones por el Caso Lava Jato.

— Hay preocupación nacional por la acusación constitucional al fiscal de la Nación y su posible destitución. ¿Qué infracción constitucional ha cometido?
La denuncia constitucional del congresista Salaverry habla de una omisión de funciones al no haberse iniciado hasta el día de hoy investigación alguna contra las empresas consorciadas con Odebrecht y no haber instruido a los fiscales a cargo del tema Lava Jato que abran investigación.

— Los fiscales han explicado que sí están investigando, lo que están haciendo es corroborar la manifestación de Barata...
Sí, ahí hay una contradicción con lo que ha declarado una de las empresas consorciadas, que ha reportado como hecho de importancia a la SBS que no se encuentra bajo investigación. De acuerdo al Código Penal, hay dos tipos de investigación: la investigación preliminar y la investigación propiamente dicha; no hay otra clase de investigación…

— Perdón, la corroboración de una declaración de un colaborador eficaz puede ser una etapa previa a la investigación preliminar, esto según los artículos 475 y 477 del Código Procesal Penal.
Eso se refiere al proceso de delación y a la empresa Odebrecht, que es la que está participando. Las supuestas cómplices, las empresas consorciadas, tienen un tratamiento por regla general, porque ninguna de estas empresas está dentro del marco de la delación.

— Pero quien hizo esa declaración fue Barata, que sí está en un proceso de colaboración eficaz…
Ahí hay un punto que puede ser de discrepancia jurídica, pero entendemos que la acción penal no puede estar supeditada al proceso de delación. Lo cierto es que hubo empresas peruanas que se beneficiaron indebidamente y respecto de las cuales hasta el día de hoy la fiscalía no ha iniciado directamente alguna acción.

— Pero el fiscal de la Nación no puede intervenir en la estrategia que pueda llevar a cabo el fiscal que hace una investigación. Los fiscales son autónomos en el desarrollo de su investigación.
Lo que señala el congresista Salaverry es que él debió instruir mediante una resolución que se inicien las investigaciones contra las empresas que resulten siendo responsables en cada uno de los proyectos.

— Pero eso está pues dentro de la estrategia del fiscal que está investigando.
Pero no necesariamente, cuando ves que no se ha investigado a nadie. Y por el lado de la congresista Vilcatoma, lo que ella señala es que el fiscal sí actuó, pero emitiendo una resolución que cercaba el ámbito de acción del fiscal Castro solo respecto de Odebrecht y no al resto de empresas. Pero la investigación que está realizando en estos 15 días la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene dos aristas, la primera es ver si efectivamente las dos denuncias tienen asidero jurídico; y la segunda es ver si se cometió una infracción constitucional. Si determina que no hubo una infracción constitucional o que los hechos no son imputables al doctor Pablo Sánchez, las denuncias deberían ser archivadas; de lo contrario, recién se iniciará la acusación constitucional.

— La destitución requiere los dos tercios del Congreso… Y ustedes están solos en esto.
Yo espero que el día de la votación podamos ver quiénes estamos a favor de que se investigue este tema y quiénes no. Nosotros creemos que va a haber fuerzas políticas que se sumen a la acusación y a la investigación, si se acredita que ha cometido una infracción constitucional.

— La destitución no solamente violentaría la autonomía de un poder de Estado, sino que además es un error político, porque da la impresión de un regreso a los métodos de los noventa.
En Fuerza Popular luchamos por la institucionalización y el fortalecimiento de instituciones democráticas, pero también tenemos un compromiso en la lucha contra la corrupción, y esto se tiene que esclarecer.

— Esta ley para incluir a las empresas consorciadas en el Decreto de Urgencia 003, en lugar de castigar a los presuntos corruptores, castiga a la empresa como tal, a los trabajadores que no tienen culpa en este asunto y viola además el principio de la presunción de inocencia.
Esta ley parte del principio de solidaridad que establece la Ley General de Sociedades. Si eres parte de un consorcio uno de cuyos miembros ha confesado que ha corrompido, entonces se presume que son responsables solidarios. Esto es un acuerdo político, hemos votado todas las fuerzas políticas. Y se ha incluido en la ley que las retenciones operan a favor de los trabajadores y proveedores.

— Pero van a perder su empleo, porque esta ley condena a la quiebra a estas empresas.
Esta norma ha buscado frenar la impunidad que hasta el día de hoy hemos percibido todos los peruanos y ha puesto un candado respecto a los trabajadores y proveedores en la obligación del Estado Peruano de retener los montos y asignarlos a ellos.

— Y el empleo que van a perder, ¿quién se los va a devolver?
Yo no creo que estas empresas cierren por la ley...

— No van a poder pagar sus deudas a los bancos, por ejemplo… Una hipótesis es que la acusación al fiscal de la Nación es una venganza de Fuerza Popular por haber investigado a Keiko Fujimori como organización criminal y por haber resucitado la investigación a Joaquín Ramírez.
Yo creo en la autonomía del Ministerio Público, y por lo tanto voy a respetar cualquier investigación que quiera hacer el Ministerio Público, abrirla, reabrirla. La denuncia del congresista Salaverry es anterior a la reapertura del caso de Joaquín Ramírez.

— Pero esta investigación a Keiko Fujimori por crimen organizado realmente los ha molestado, ¿no?
Sí, nos ha molestado primero porque, como lo ha dicho la jueza que acaba de rechazar la investigación, el fiscal Pérez nunca motivó adecuadamente su resolución; segundo, porque el control de plazos que debió efectuarse no ameritaba la inclusión de Keiko, mucho menos de su esposo, o del partido; y tres, porque Keiko había sido investigada por estos hechos hace varios meses y la ONPE y la Sunat han dicho que en el caso de los cocteles somos el único partido que ha rendido cuentas. Hay gente de una comunidad lechera del Cusco que se organizó para venir a los cocteles y traer un grupo de danzantes ¡y a esa gente la han citado! Eso nos parece un exceso, mientras que en el Caso Lava Jato algunos empresarios de cuello y corbata ni siquiera han pasado investigación. Más de mil personas han sido citadas.

— También se dice que quieren amedrentar a los fiscales por temor a la profundización de las investigaciones sobre las posibles vinculaciones de Keiko con Joaquín Ramírez y el origen de su fortuna…
Keiko ha tenido una actitud de colaboración constante, ella viene siendo investigada los últimos 16 años, la han investigado y levantado el secreto bancario ene veces y la verdad es que no entendemos por qué las investigaciones se reabren y se reabren. ¿Acaso somos el único partido que ha hecho cocteles? No. Nosotros no tenemos ningún problema con que se investigue a Joaquín, y ahora que se ha incluido a Keiko, ella demostrará que no tiene mayor relación respecto a la fortuna, porque lo que se está investigando es cómo se origina la fortuna de Joaquín Ramírez cuando Keiko ni siquiera lo conocía. Se dijo en una cochera en EE.UU. que Keiko le había dado a Joaquín para que lavara determinado monto en millones de dólares, ¿eso es un indicio?

— Uds. han anunciado una querella contra el diario El Comercio por difamación. ¿Uds. sostienen que Odebrecht no dijo que había hecho aportes a la campaña de Keiko Fujimori y no dijo que Barata debía precisar cuánto habían sido?
Los abogados de Keiko nos han manifestado que Marcelo ha dicho que ni él ni su empresa han aportado a la campaña de Keiko Fujimori, que no les ha dado dinero ni al partido ni a Keiko. Es más, dijo que no conocía a Keiko.

— En El Comercio se dice que Odebrecht explicó esa “anotación” de “aumentar Keiko para 500” diciendo que implicaba que sí hubo una entrega de dinero y que habría sido de 500 mil, pero que Jorge Barata debía corroborar el monto.
Eso es absolutamente falso, según lo que los abogados nos han informado, a través del secretario general del partido.

— ¿Y qué explicación habría dado entonces Odebrecht acerca de esa anotación suya?
Lo que dice es buscar reunión con Keiko. Y el “aumentar 500” incluso creo que no tenía relación con Keiko, se trataba de otro tema. Y eso nos lo ha dicho el secretario general del partido, hay un tuit de Pepe [Chlimper] transcribiendo más o menos la información. Y por eso nosotros hemos pedido que el Ministerio Público solicite la transcripción respecto de lo que nos concierne.

— ¿Y sobre PPK?
Ahora, si además quieren transcribir las partes del presidente sería fenomenal para que el país sepa cuál es su vinculación con Odebrecht. Él debería ser el más interesado en que esa transcripción vea la luz oficial, porque su actitud de no venir a [la Comisión] Lava Jato le hace muchísimo daño.

— ¿Fuerza Popular anida la idea de vacar al presidente Kuczynski?
Nada más falso, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, a nadie en el Perú le conviene que el presidente Kuczynski no termine su mandato. Tenemos una democracia débil, hay que consolidarla, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que culmine en el 2021. Vacarlo no le hace bien a nadie.

— Lo que tampoco les hace bien al presidente de la República ni al Perú es una oposición tan complicada que impide llegar a acuerdos sobre reformas fundamentales, y que genera una situación de incertidumbre institucional muy fuerte con esto de la acusación al fiscal…
Yo lo que sí creo es que hay que generar espacios para tener una agenda legislativa, el vocero se está encargando de coordinar con la primera ministra, incluso en el tema de facultades delegadas.

— ¡Pero si Fuerza Popular no quiere recibir a la primera ministra para el tema de las facultades!
No, lo que le hemos dicho a la primera ministra es que una vez que presente su solicitud en la que diga sobre qué quiere legislar, entonces que venga y nos diga cuál es el sustento… Pero lo que no puede suceder es que pretendamos cambiar de roles, nosotros no le podemos decir a la primera ministra o sugerirle siquiera.

— ¿No tiene sentido concertar?
Podría ser entendida como una concertación en negativo, porque, por ejemplo, si la primera ministra quiere hacer una reforma laboral en nuestro país, qué va a pasar si, en la conversación, alguno de los miembros de Fuerza Popular le dice: “Mire, primera ministra, en este tema no, en este tema sí”. ¿Ella va a renunciar a su mandato constitucional de proponer lo que el Ejecutivo decida? Las reformas las tiene que proponer el Ejecutivo...

— Por ejemplo, en la reforma laboral el punto crucial es el artículo 27 de la Constitución que habría que precisarlo. Eso es una labor del Congreso.
Este es un tema muy sensible, esto debería partir por ejemplo del Consejo Nacional del Trabajo, hasta el día de hoy los sindicatos no han podido sentarse, hay una inoperancia absoluta del Ejecutivo.

— No, los sindicatos no quieren discutir el tema. Son iguales a Fuerza Popular. ¿Ud. cree que la CGTP va a estar de acuerdo con eso?
Las políticas públicas tienen que nacer del diálogo y es lo que no está habiendo. O el Ejecutivo tendría que plantearla con una propuesta de ley de reforma constitucional, que se evaluará. Además, las reformas constitucionales necesitan votación calificada, es decir, Fuerza Popular sola no podría aprobarlas. Y, segundo, necesita doble legislatura, con lo cual ya deberían empezar a presentarlas. O si no, no vamos a tener ninguna.

— Bueno hay otra acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que sí parece tener fundamento...
Cambiaron el sentido de un voto. El magistrado votó por una sentencia que declaraba que no había delito de lesa humanidad y ellos “subsanaron” su voto de haber dicho que no había delito de lesa humanidad a que sí había delito de lesa humanidad, pese a que el magistrado había rubricado las 24 páginas de la sentencia. Entonces, si ahí no hay un hecho irregular, por favor en qué país vivimos. Y se ha violado el principio de cosa juzgada. Pero esa acusación no la ha planteado Fuerza Popular.

“La fiscalización va a ser más efectiva”
— En el asunto de la reforma política, si las empresas ya no van a poder aportar a las campañas y luego de la investigación de los cocteles donde se ha citado a mil personas, ya los ciudadanos tampoco van a querer aportar, los únicos que quedan son los narcos, los mafiosos…
La tendencia mundial es ir hacia el financiamiento público.

— Pero no están planteando eso ustedes…
Hoy ya hay financiamiento público, al fin.

— Pero poco y no para las campañas.
Parte de eso se puede utilizar como el ‘core business’ del partido, que ya es un alivio en el gasto. Hay una iniciativa para crear un fideicomiso electoral manejado por la ONPE o el jurado, al que pueden darse aportes privados y de empresas. Está en estudio, hoy los legisladores han establecido que es mejor, dada la experiencia Lava Jato, prohibir aportes de empresas y la necesidad de bancarizar todo, con lo cual la fiscalización va a ser mucho más efectiva.

—No considera sanciones políticas para los partidos que...
Sí considera sanciones políticas: primero, la pérdida del financiamiento público; la segunda es que te congela el registro de la organización, no puedes mover ningún trámite como partido si no has cumplido con pagar tus multas, y si tienes sanciones pendientes de cumplimiento. Entonces, no vas a poder cambiar el CEN, no vas a poder inscribir, no puedes hacer nada. Y si jurídicamente no puedes inscribir a nadie, no puedes convocar elecciones. Hubiéramos querido ir como decía el dictamen a una suspensión de la inscripción. No logramos el consenso, el dictamen de la Comisión de Constitución propuso eso, pero...

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