“Aquel que aspira a la Junta Nacional de Justicia sabe cuál es la realidad”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, asegura que la alta carga laboral que recibirá la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no debe repeler a sus futuros postulantes. Sin embargo, considera que la reforma de justicia puede fracasar si no incide en el control de la abogacía.

— Ha pasado más de una semana desde que el Congreso aprobó la Ley Orgánica de la JNJ y aún no la envía al Ejecutivo. ¿Cuáles serán las consecuencias de la demora en la promulgación de la norma?
Nosotros dijimos que tranquilamente se pudo haber ganado entre 45 días y un mes si se daba una norma puntual para la comisión especial, pero ya no vale la pena mirar hacia atrás. Hay que ver este asunto con una retina más positiva y entender que la ley saldrá pronto y la mayoría de los miembros de la comisión ya estamos trabajando.

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— La junta tendrá que ver más de 5.700 casos pendientes. ¿Esta gran carga laboral puede provocar que los mejores abogados declinen de postular?
Estimo que todo aquel que aspira a formar parte de un organismo tan importante como la junta sabe perfectamente cuál es la realidad. De modo que no creo que esa situación deba apartarlos, sino más bien ver lo positivo, que la junta es el primer paso indispensable de una reforma de la justicia que, desde luego, tiene otros aspectos que no hay que perder de vista.

—Los futuros miembros de la junta deberán revisar, en no más de 18 meses, los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros removidos por el Congreso, en los casos en que existan “indicios de graves irregularidades”. ¿Ese plazo fijado en la Ley 30904 le parece realista?
Su viabilidad o no recién se verá cuando podamos saber qué tan extendido y grave han sido los manejos que hemos visto en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Lo que hemos visto, siendo grave, ha sido en jurisdicciones y en salas más o menos puntuales. Pero yo me temo que el tema grave es el que anunció el propio Víctor Prado Saldarriaga cuando asumió el cargo de presidente interino del Poder Judicial: que el 30% del Poder Judicial tenía serios problemas de corrupción. No sé si todo sea detectable, pero una vez que la reforma empiece a andar, no solo con la junta, las cosas podrán ir solucionándose en el tiempo.

— ¿Cómo facilitar el trabajo que asumirá la junta cuando se instale?
Una de las cosas que se han criticado es la evaluación parcial de desempeño [de jueces y fiscales] cada tres años y medio. Eso se puede perfeccionar. Hay cuestionamientos de distintos ámbitos, no sin fundamentos, de que esto podría afectar la independencia del Poder Judicial y de los propios fiscales. Se puede mejorar la propia ley de la junta en su objetivo; es decir, en su verdadero rol, que es el control de la magistratura. Es un error creer que la junta es solo una oficina de admisión y selección de jueces. No entender esto es peligroso y grave para la reforma.

— La norma dispone que la junta debe revisar los casos de la gestión anterior donde haya “indicios de graves irregularidades”. ¿Cuánto es suficiente indicio aparte de un audio entre ‘hermanitos’?
No me atrevería a decirlo. Esa es una tarea que le corresponde a la junta. Esta debe tener independencia y establecerá su reglamento para desarrollar ese aspecto de la ley. La junta es un órgano de estatus constitucional y con independencia. Esta, con los recaudos que existen, con la relación que tenga con la fiscalía, con la contraloría o con las denuncias que haya desde la sociedad civil, podrá determinar cuáles serán sus parámetros.

— ¿Cuándo prevé que empiece a operar la junta?
Desde que se promulgue la ley orgánica, tendremos tres días para solicitar información a la Sunedu sobre el listado de universidades que participarán de la elección [de los otros dos miembros de la comisión especial]. Luego 10 días para que la ONPE organice la elección y 30 días para que la comisión se organice y elabore las bases del concurso para elegir a los miembros de la junta. Luego, 90 días para elegirlos. Pero nosotros esperamos hacerlo en menos plazo. Haremos un esfuerzo.

— ¿Qué tanto ha avanzado la comisión que usted preside en las reuniones que ya sostuvieron?
Nos hemos reunido para avanzar el reglamento de la comisión y el de la base de la eventual selección que se realice de los miembros de la junta. Estamos haciendo documentos preliminares con miras a ganar tiempo, esperando que se integren los demás miembros. ¿Cuándo podemos dar cronogramas? Cuando ya estemos completos. Este lunes [hoy] tenemos una nueva reunión, esta vez en la sede del Ministerio Público. Acudiría el jefe de la ONPE para coordinar cómo implementará la organización de la elección de los rectores [que integrarán la comisión especial].

— Mencionó que hay otros aspectos “que no hay que perder de vista” para la reforma del sistema de justicia. ¿A cuáles se refiere?
Una ley importante para la reforma es la de la buena práctica y control de la abogacía. Sin control de la abogacía, la reforma de justicia corre el riesgo de fracasar.

— Pero el Congreso ya aprobó la ley que incentiva la probidad de los abogados.
La norma que ha aprobado el Congreso es muy vaga, general y absolutamente declarativa. No aterriza en medidas concretas. Honestamente, creo que habría que tomarse un tiempo, observar la ley y ver que se cree, por ejemplo, una jurisdicción que pueda sancionar a nivel nacional a los abogados que cometen inconductas. Esto, tan básico y elemental, no plantea la norma.

— También aprobó en primera votación la ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.
Es una ley muy vaga. Dice que el consejo impulsa la reforma. ¿Qué va a impulsar si no tiene ni siquiera un plan? Además, la presidencia de este consejo dura un año y es rotativo; es decir, cada miembro la tendrá en algún momento. Eso me parece peligroso. No puede ser que la cabeza del Congreso, el órgano más político que puede haber, presida el consejo que impulsará o diseñará la reforma.