Periodista halla pornografía infantil que su ex pareja escondía

Cuando mi papá tenía ocho años, un sacerdote se le acercó mientras cuidaba las vacas y recogía flores para venderlas en la carretera. Mi papá no entendía bien qué le decía mientras comenzó a acariciarlo y tocarle la espalda, pero sintió que algo no iba bien y corrió hasta agotarse. A sus dieciséis años, durante una confesión, otro sacerdote le explicó que ciertos actos eran naturales a su edad y que no debía sentirse mal por ello. Pero mientras lo hacía, lo tomaba de la mano y trataba de acercársele. Mi papá logró escapar una vez más. Esa fue la última vez que entró a una iglesia, salvo por su propio matrimonio y alguno que otro funeral.

Cuando encontré más de cien videos de niñas violadas refundidos en los archivos de mi propia computadora, pensé en mi papá y en la historia que me contó cuando yo era adolescente. Siempre me dijo que los peores lobos se disfrazaban de corderos, y yo tenía uno en casa. Estaba viviendo con alguien que, proclamándose activista por los derechos de la mujer, había conseguido la fachada perfecta para encubrir su afición por la pornografía infantil. Allí, al otro extremo de mi cama, dormía una persona que estaba del mismo lado de los sujetos que quisieron aprovecharse de mi padre cinco décadas atrás.

Él entiende la decisión que tomé y me ha permitido contar ese pasaje de su vida que me hizo imposible ignorar lo que había encontrado en mi computadora. También ha decidido apoyarme en mi denuncia. A sus casi setenta años, ha resuelto que la vergüenza la deben cargar los abusadores y sus cómplices, y no quienes revelan sus actos. Denuncié y seguiré denunciando este caso como la hija de alguien que logró evadir dos situaciones de abuso cuando era pequeño.

El código penal peruano establece que el consumo, distribución o producción de pornografía infantil están penados con un mínimo de seis años de prisión efectiva. Si los menores involucrados en los videos tienen menos de catorce años de edad, la pena mínima asciende a diez años de prisión efectiva. El contenido por el que fue juzgado César Lezama Pérez contenía material de niñas a partir de los cuatro años de edad. Pero fue liberado con cuatro años de prisión suspendida y 500 soles de reparación civil.

Yo hice lo que me correspondía: quienes deben responder por esta inexplicable condena son todas las instituciones por las que pasó el caso. Mientras tanto, no he dejado de tocar puertas. Las cartas enviadas este lunes por la congresista Indira Huilca al ministro del Interior y al fiscal de la Nación –solicitando explicaciones por el proceso– ya deben haber llegado a sus respectivos escritorios. El día de la denuncia, llevé una gran cantidad de material con el que se podría identificar niñas y adolescentes desaparecidas o explotadas, además de ubicar a quienes habían difundido estos videos. ¿Qué hago con lo que tengo en mi poder? ¿Recibirán el material que quise entregar a la Dirincri y no fue aceptado? ¿Revisará la Fiscalía de la Nación este caso tan mal llevado? ¿No importa investigar a los difusores de pornografía infantil que enviaban el contenido descargado por mi ex pareja? Quiero una respuesta. 

Las fotos y videos que encontré en mi computadora siguen apareciendo en mi memoria cuando menos lo espero. De día, cuando intento trabajar. De noche, en pesadillas. Quiero olvidar lo que vi, pero no sé si sea posible. En un país donde quienes denuncian se llevan la peor parte, podría haber tomado la ruta fácil y mirar al costado. Quiero pensar que las semanas en las que seguí compartiendo techo con un consumidor de pornografía infantil mientras reunía pruebas, averiguaba cómo hacer la denuncia y esperaba concretar su captura, no las haya padecido en vano. 

En cuatro años, cuando mi ex pareja concluya su tiempo de prisión suspendida y la condena sea eliminada de sus antecedentes penales, podría volver a trabajar con niños si así lo desea, como cuando fue profesor de artes marciales en colegios de primaria de San Juan de Lurigancho hace diez años. Nada se lo impide. No hemos creado los mecanismos para impedirlo. 

Urge crear un Registro de Agresores Sexuales para evitar que personas con antecedentes de este tipo puedan optar por empleos que impliquen trabajar con menores de edad. Urge que la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales en Organizaciones Públicas y Privadas, también conocida como ‘Comisión Sodalicio’ (y que acaba de designar este jueves a sus integrantes en el Congreso), esté a la altura del tema que debe tratar. Urge que, como sociedad, nos preguntemos por qué hemos dejado a la niñez tan desprotegida. 

Las opiniones
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​Alberto de Belaunde
- Congresista -

La labor de la Comisión Investigadora de Abusos Sexuales en Organizaciones Públicas y Privadas va a ser importante, pero insuficiente. Por el tiempo y las limitaciones, su gran aporte será sentar las bases para algo más grande a futuro. Creo que, desde el Ejecutivo, tiene que crearse una Comisión de la Verdad respecto a este tema, tal como se hizo en Australia. Entre sus conclusiones establecieron que, para que un menor víctima de violación sexual se anime a hacer una denuncia, pasan en promedio treinta años. Necesitamos extender la prescripción de estos delitos; si no, haremos que sigan impunes. Creo que cuando pongamos luz sobre esta oscuridad y generemos espacios seguros para denunciar, entenderemos la magnitud del problema a nivel nacional.

Fátima Toche 
- Coordinadora de Proyectos en la ONG CHS Alternativo -

El tema principal en este caso es que el Proyecto de Ley 793 prevé el ingreso al Registro de Agresores Sexuales a quienes hayan cometido delitos contra la libertad sexual y proxenetismo, pero no considera a las personas que produzcan, distribuyan o tengan pornografía infantil porque este acto no atenta contra la libertad sexual propiamente dicho. De este modo, si el proyecto es aprobado tal y como está, quienes hayan sido sentenciados por ese tipo de delitos contra menores no ingresarían al Registro.

Es por eso que en CHS Alternativo impulsamos la agrupación de varias propuestas que abarquen todo el espectro de sentenciados. Así, el Proyecto 258 complementa al 793 bajo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de la Mujer y Familia en el 2016 y 2017. Hoy por hoy, ambas propuestas están a la espera de ser Agendadas en el Pleno del Congreso para este 2018.