Estado peruano anuncia que demandará civilmente a Repsol por derrame de petróleo y exigirá reparación por daños causados

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Seis días después del derrame de 6000 barriles de petróleo en la Refinería La Pampilla de la empresa Repsol, ubicada en las costas de la región Callao, se empieza a discutir desde el Estado y la sociedad civil las implicancias legales del que es considerado uno de los mayores derrames de petróleo en el mar peruano.

Al cierre de esta nota, el último reporte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicaba que el área afectada en la franja de playa llegaba a 1 739 950 metros cuadrados y 1 186 965 metros cuadrados en tierra. En total, un área comparable a la superficie que abarca el distrito limeño de Lince.

¿Cómo sancionar a los responsables de este desastre ambiental? Por lo pronto, las acciones legales que se han iniciado hasta el momento abarcan las vías administrativa, civil y penal. Lo nuevo en este caso es que por primera vez la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente podrá demandar en el fuero civil a la empresa responsable y solicitar una indemnización por el daño ambiental causado, precisó Julio Guzmán, procurador público del Ministerio del Ambiente en una entrevista con Mongabay Latam.

“Hasta fines del 2019 solo podían iniciar este proceso los gobiernos locales y regionales; las comunidades indígenas y campesinas, o las organizaciones sin fines de lucro”, advierte Guzmán. Por la capacidad técnica y logística que requiere armar un caso de esta magnitud, comenta el procurador, era imposible que se iniciaran acciones legales contra las empresas. Sin embargo, desde la aprobación del Decreto Supremo 018-2019 del Ministerio de Justicia, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales puede interponer estas demandas de indemnización frente a desastres como el de Ventanilla.

La importancia de sumar la vía civil en este tipo de casos, según los expertos consultados, es que le brinda al Estado más herramientas para conseguir una sanción y reparación más completas de cara a los daños y derechos vulnerados. Diego Saavedra, especialista del Programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la asociación civil Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), comenta a Mongabay Latam que, a diferencia del fuero penal, en lo civil se suele denunciar directamente a la empresa por haber vulnerado varios derechos, en este caso, ambientales y personales. “En lo penal solo nos restringimos a los delitos tipificados como tales y en demostrar que fueron cometidos”, comenta.

Además, Saavedra agrega que aunque en lo penal se puede pedir resarcimiento económico, no hay antecedentes de grandes sumas de dinero. “Las sanciones finales son más penas privativas. En cambio en lo civil sí hay grandes montos de por medio”, dice.

El procurador Guzmán reveló que un equipo trabaja ahora mismo a tiempo completo en el caso. Actualmente, están reuniendo todas las pruebas, para lo cual cuentan con la ayuda de la Procuraduría General del Estado e incluso han hecho un pedido de apoyo a la Marina de Guerra para convocar a peritos buzos que investiguen lo sucedido en el ducto que transportaba el crudo.

“La empresa Repsol ha señalado que se causó una fisura, pero nuestra hipótesis es que para un derrame de esta magnitud pudo haber una ruptura. Esto podría corresponder incluso a una falta de mantenimiento”, agrega Guzmán.

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Los primeros avances

La Procuraduría General del Estado informó que está trabajando en cuantificar los daños producidos por este derrame de hidrocarburos. “Esto con el fin de exigir el resarcimiento económico a los responsables de este desastre ecológico”, indica el comunicado. El equipo visitó las playas Cavero y Playa Grande, en el distrito de Ventanilla, así como Pocitos, en Ancón.

“Tenemos que evaluar y buscar cuantificar además del impacto ecológico, las pérdidas que este hecho causará en el gremio de pescadores, en el sector turismo y otras actividades que se han visto afectadas por este hecho”, dice Kike Edson Figueroa Auca, titular de la Dirección de Valoración y Pericias de la Procuraduría General del Estado.

En el caso puntual de los pescadores, precisa Guzmán, se está evaluando incluirlos en la demanda civil, aunque esto no impide que puedan exigir otros montos de resarcimiento por separado. “Nosotros reclamaremos daños ambientales y la sociedad civil afectada puede interponer una demanda por daños colaterales”, indica.

El procurador Guzmán agrega, además, que de ganarse el caso, el dinero iría a las cuentas de las municipalidades afectadas como son las de Ancón, Ventanilla y Santa Rosa. “Nosotros haríamos el monitoreo para que el dinero se invierta en las remediaciones”, precisó. De acuerdo a una estimación inicial del monto a pedir en la demanda, este podría bordear los 60 millones de soles (15 millones de dólares), según el procurador del Ministerio del Ambiente, aunque señala que este monto podría variar tras finalizar la evaluación total de los daños ambientales.

Para el abogado ambiental César Ipenza, el dinero debería ser sobre todo para los impactos que seguirán afectando al mar en los próximos años. “La recuperación de la vida silvestre puede tomar al menos diez años, incluso pueden ser veinte”, dice el experto. “Hay fauna endémica en peligro como la nutria de mar o el pingüino de Humboldt que ahora tienen mayor vulnerabilidad por este derrame. La empresa tiene que hacerse cargo de su futuro”, advierte Ipenza.

Diego Saavedra, especialista de DAR, destaca que este proceso civil marcaría un precedente judicial importante, ya que no ha existido un caso similar. Mientras Carol Mora, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), califica el caso como “emblemático” y agrega no han visto antes que “se solicite una indemnización a una empresa por un caso ambiental a nivel del fuero judicial nacional, solo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Un dato importante es que Guzmán señaló, al final de la entrevista, que no descartan la posibilidad de evaluar los daños ambientales y abrir nuevos casos por la vía civil para aquellos derrames de petróleo —alrededor de 400— ocurridos entre el 2000 y 2019 en la Amazonía peruana.

El artículo original fue publicado por Vanessa Romo en Mongabay Latam.  Puedes revisarlo aquí. 

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