La toma de las agencias bancarias en 1987

El 14 de octubre de 1987, la policía nacional despliega sus efectivos alrededor de los locales principales del Banco de Crédito y el Banco Wiese, convirtiendo las calles del centro de Lima en el foco de la atención pública. En el marco del proceso de estatización, anunciado por el presidente Alan García en su mensaje de Fiestas Patrias, el ingreso de los interventores a las sedes bancarias significaba pasar de las palabras a los hechos.

Previamente, el 9 de octubre, la Ley que permitía la estatización fue promulgada y publicada el día 11, lo que dejaba abierta la posibilidad de una intervención. No obstante, la Asociación de Bancos, en un comunicado, había anunciado que interpondría acciones legales contra quienes desacatasen las acciones de amparo otorgadas por los juzgados nacionales.

El comunicado hacía referencia a las quince resoluciones cautelatorias dictadas por Jaime Morán Cisneros, juez titular del vigésimo cuarto juzgado civil de Lima, que se mantenían vigentes y protegían a los accionistas de las entidades del sistema financiero nacional privado de la intervención del gobierno.

El domingo 11 de octubre, mientras el primer mandatario despedía al presidente francés Francois Mitterrand en el Grupo Aéreo 8, la Superintendencia de Banca y Seguros anunciaba que el lunes la atención en bancos, financieras y aseguradoras sería normal. Esa aparente tranquilidad duró solamente hasta el miércoles 14.

Ese día, en horas de la tarde, el derribo de puertas y el uso de gases lacrimógenos caracterizaron el violento ingreso de los interventores designados por el gobierno a las sedes de los bancos de Crédito y Wiese, en el centro de Lima. Previamente, centenares de policías circundaron los locales principales de estos locales bancarios y de la empresa Financiera de Crédito, transformando el corazón de la capital en zona de alta tensión.

El desplazamiento de los agentes policiales empezó desde las primeras horas de la mañana, prohibiéndose el acceso de clientes a dichas instituciones, y la operación se intensificó en la tarde con el cierre total de varias calles y el uso de bombas lacrimógenas para dispersar a las personas congregadas en las inmediaciones. La intención era hacer lo menos traumática posible la acción de ingreso de los interventores.

En el cerco policial tomaron parte efectivos de la Guardia Civil y la Guardia Republicana, carros rompemanifestaciones, patrulleros y las unidades conocidas como “gusanos”. Todos los agentes estaban armados. Veredas y pistas se volvieron intransitables, generándose un caos en el desplazamiento de vehículos y peatones.

También se produjeron algunos roces entre la policía y los periodistas, cuando los hombres de prensa tuvieron que enfrentar el maltrato y la obstaculización para acercarse al lugar de los hechos. En el Banco Wiese dos rollos fueron requisados a periodistas de El Comercio, quienes habían logrado captar imágenes de la violenta intervención policial.

Todo comenzó en San Isidro, exactamente en el centro comercial Camino Real, donde fue intervenida la Financiera de Crédito, ubicada en el tercer piso de la Torre del Pilar. Hasta allí se movilizó, a las 3:25 de la tarde, la comisión interventora presidida por el doctor Rómulo León Ramírez, padre de Rómulo León Alegría.

Minutos antes habían ingresado unos doscientos efectivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Guardia Civil y de la Guardia Republicana, que llevaban armas y bombas lacrimógenas. En dicha sede no se hallaban sus directivos. La comisión estuvo allí hasta las 4:42 de la tarde, en que salió presurosa por la puerta del sótano rumbo al Banco de Crédito de Lima.

Al llegar al centro histórico, a las 5:15 p.m., con el uso de la fuerza tomaron posesión de la sede del Banco de Crédito. La presencia del grupo interventor en el interior del local fue abucheada por los funcionarios y empleados que se mantuvieron en sus oficinas y escritorios.

Previamente, una de las puertas de acceso, en el jirón Huallaga, fue derribada usando una tanqueta. Para asegurar la toma de la entidad, efectivos de la Guardia Republicana se posesionaron de las instalaciones en el primer piso. Otro grupo policial logró ingresar al banco usando una escalera metálica por la zona que limita con el Banco Popular, ocupando los pisos superiores y desalojando a los trabajadores.

Luego de una entrevista en privado con el presidente del directorio, Dionisio Romero, los interventores concretaron su objetivo, retirándose y dejando al banco en poder de la policía.

En el Banco Wiese el ingreso se produjo a las 6:45 p.m., después de romper cinco cerraduras y cadenas en una de las puertas metálicas con vista al jirón Carabaya. Antes, más de cien policías armados con metralletas, granadas de mano y garrotes ingresaron en forma violenta ante el griterío y la protesta de los empleados. También se encontraban allí accionistas y funcionarios, liderados por el presidente del directorio, el doctor Guillermo Wiese de Osma.

Una vez ocupado el banco por la policía, el personal fue obligado a salir a la calle. Después se hicieron presentes los interventores, seguidos por unos cincuenta militantes del partido aprista.

En la noche, los funcionarios encargados de la intervención realizaron conferencias de prensa en las sedes de los bancos de Crédito y Wiese, informando que esas entidades abrirían sus puertas normalmente al día siguiente. Asimismo, justificaron la presencia de las fuerzas policiales en la intervención.

El presidente de la Asociación de Bancos, Francisco Pardo Mesones, quien se encontraba pernoctando en la sede del Banco Mercantil, condenó la intervención a las entidades mencionadas, indicando que “el gobierno estaba burlándose del Poder Judicial”.

Las fuerzas policiales se mantuvieron en las sedes bancarias durante los días siguientes, a pesar de las protestas de los ejecutivos. Por otra parte, el día 16 de octubre, dos días después del inicio de las intervenciones, Juan Klingenberger, presidente de la Superintendente de Banca y Seguros, presentó su renuncia irrevocable al presidente del Consejo de Ministros, Guillermo Larco Cox. Fue un gesto que para la mayoría significó su desacuerdo con el proceso de estatización.