¿Los comerciantes tienen la culpa?

En mayo, según Ipsos, una población frustrada por más de 6 semanas de  cuarentena señaló a la informalidad de los comerciantes en los mercados como los responsables del incremento continuo en los contagios. ¿Pero son los comerciantes los verdaderos culpables de esta situación?

foto: Anthony Niño de Guzman-GEC

Días después, en Google se generó una búsqueda frenética sobre “informalidad”.  Las búsquedas el 25 de mayo duplicaron el promedio típico.

En la discusión, tanto en la prensa como en las redes sociales se regresa a los explicaciones clásicas de la informalidad en el país: el costo de la regulación y la débil supervisión del estado.  Si recurrimos nuevamente a Google, una búsqueda sobre “causas de la informalidad en el Perú” genera múltiples explicaciones académicas que mayoritariamente atribuyen nuestra informalidad a la alta regulación, los trámites burocráticos, los costos tributarios, y a la débil capacidad del Estado por la supervisión.

Es decir, el enfoque “institucionalista” o “legalista” tan pregonado por Hernando de Soto, en “El otro Sendero” y años posteriores ha calado fuerte en el país. Tan es así, que inclusive los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, lo contrataron como su asesor.

¿Cuáles fueron los resultados del enfoque institucionalista? 

Los hallazgos de Hernando de Soto en 1986 tuvieron mucho eco al identificar y cuantificar los 289 días de duración y US$1,231 dólares de costo (32 veces el sueldo mínimo vital de ese entonces) que le tomaba establecer un ficticio taller de confecciones a una persona.

Las ideas eran y siguen siendo muy buenas. Muchos gobiernos hicieron caso a ese enfoque. Por eso, en el Perú, a lo largo de los años, el número de trámites, los costos de establecer un nuevo negocio y los días que esto tomaba se redujeron de manera dramática. Según los estudios de “Doing Business”, una publicación insignia del Banco Mundial, hoy los trámites en el Perú tardan, en promedio, 53 días. Es decir, la cantidad de días ha bajado en 81%. ¡Una dramática reducción!Pero, según el INEI, nos hemos estancado en 72% de informalidad desde hace varios años.

Todo parece indicar que el enfoque “institucionalista” solo explica una pequeña parte del problema y de la solución.

Aún nos falta reducir (y digitalizar) la cantidad de trámites burocráticos, el número de días y los costos para establecer un negocio. Pero, parece ser que los beneficios generados por este enfoque han llegado a su límite.  Inclusive, un estudio de Roberto Machado del Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico [“La economía informal en el Perú: magnitud y determinantes (1980-2011)”] también lo corrobora http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/948.

¿Entonces, qué está faltando para reducir el problema?

A comienzos de la década de 1970, el antropólogo económico Keith Hart observó en Ghana que el “sector informal” había crecido. Posteriormente, en Kenia, el equipo de la OIT estudió las actividades informales y se percató que no se las reconocía, registraba, protegía ni reglamentaba; y que el sector incluía diversas actividades, desde el trabajo marginal de supervivencia hasta empresas rentables.

Este fue el inicio de los estudios sobre la informalidad y la creación de la corriente “estructuralista”, la cual asocia la informalidad laboral principalmente con la baja productividad, pobreza, y la poca calificación de los individuos.

Un estudio de Gustavo Adolfo Garcia, en Colombia (“Determinantes macro y efectos locales de la informalidad laboral en Colombia), tuvo dos importantes hallazgos. Primero, encontró que “un incremento de un año de educación promedio en los ocupados, los niveles de informalidad pueden disminuir en un 4%”. Es decir, el principal factor que influye en la informalidad es la capacidad educativa.

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Segundo, encontró una “relación inversa entre un mayor peso del sector industrial en la producción y la informalidad laboral”. Es decir, un sector industrial más grande es un freno a las actividades con menor productividad.

¿Como aplica esto al Perú?

En primer lugar, en el Perú, según el INEI, existe una clara correlación entre capacidad educativa e informalidad. Vean el siguiente cuadro.

¿Entonces, qué debemos hacer?

Por lo tanto, por más que el costo de la regulación baje a la mitad, seguiremos en ese 70% de informalidad en el empleo. Es momento de cambiar el énfasis y pasar de un enfoque de reducción de costos de la regulación a uno que se enfoque en generar mayores alternativas de ingresos. Es decir, invertir en elevar el nivel educativo del país, impulsar la penetración del sector industrial, y ayudar a los nuevos emprendimientos a escalar sus negocios.