CADE:¿Basta un acuerdo político para salir adelante?

La respuesta rápida es no. La pregunta que hace Día1 presume que ese acuerdo giraría en torno a una agenda básica de reformas de segunda generación: laboral, infraestructura, educación, salud, instituciones judiciales, reforma del Estado, entre otras decisiones. Pero, para que eso ocurra, Fuerza Popular tendría que tener interés en comprometerse con una agenda de ese tipo, y ese compromiso tendría que mantenerse en el tiempo.

Lo primero no parece estar ahí. Salvo un pequeño y criticado amague -hecho antes del inicio de la legislatura anterior- de querer imponer su plan de gobierno desde el Congreso, el fujimorismo no ha dado ninguna señal de tener una agenda programática. Sus iniciativas legislativas se pueden dividir entre lo irrelevante (declaraciones de interés y pequeños proyectos de poca materialidad) y lo abiertamente populista y clientelista (beneficios para las pequeñas empresas a costa del fisco, privilegios tributarios sectoriales, aumento en pensiones militares, etc.). Quizá la única excepción es la ley de reforma electoral, pero parece no ser más que un caso aislado.

Incluso en su afán populista, Fuerza Popular no parece tener mucha coherencia orgánica. Lo que predomina son los proyectos de parlamentarios que, a punta de trabajo individual, han logrado influencia y tienen un interés específico en un sector o en una clientela, pero no parece haber un esfuerzo coordinado para un objetivo colectivo.

En ese contexto, cabe preguntarse qué quiere Fuerza Popular. Una posibilidad es que no lo sepan y que estén avanzando sin un plan, sin estrategia, lidiando con la enorme dificultad de manejar una bancada de 71 miembros cuya mayoría no pertenece al partido ni tiene una identificación política fuerte con él. Eso explicaría por qué en lugar de un comportamiento orgánico se ve una bancada que avanza desordenadamente en función a iniciativas individuales.

Otra posibilidad es que sí tengan una estrategia que consiste en apelar a un votante desapegado de las instituciones políticas y antielitista, que aprueba el arrinconamiento de la tecnocracia gobernante. En ese caso, como ha sugerido el politólogo Carlos Meléndez, el fujimorismo privilegiaría “la representación a la gobernabilidad”. Y esa representación no se ejerce a través de una producción legislativa, sino a través de una oposición virulenta sin reparo por las formas democráticas.

En ninguna de las dos posibilidades se podría vislumbrar un acuerdo reformista. Cualquier cosa que se le parezca sería muy efímera, como el resultado de la reunión entre Keiko Fujimori y el presidente Kuczynski en julio.

Pero incluso si ambas hipótesis fuesen erradas y Fuerza Popular viese en su interés comprometerse con un plan de reformas, este compromiso tendría que mantenerse en el tiempo.

Eso significa que el fujimorismo estaría dispuesto a asumir el costo político de las reformas cuando estas comiencen. Sin embargo, su comportamiento ha sido el contrario, incluso con proyectos de costo político bajísimo o casi nulo.

Dos ejemplos son: el proyecto de ley de promoción del empleo juvenil y el proyecto de ley de saneamiento predial para obras de infraestructura. Ambos son inocuos, pero generaron resistencia ideológica de la izquierda, y eso fue suficiente para que Fuerza Popular se niegue a dar su apoyo. No es que los proyectos generaron marchas multitudinarias ni campañas mediáticas en contra, sino solo la acción de un grupo pequeño de parlamentarios y grupos de interés que ha pasado desapercibida para la opinión pública, pero igual han logrado que el fujimorismo le dé la espalda a las iniciativas.

No falta cada cierto tiempo alguien que sugiere que Fuerza Popular no se opondría a algo que sea inequívocamente favorable para el país, y que por interés patriótico apoyarían reformas si se les hace una propuesta seria, aprovechando las coincidencias en los planes de gobierno.

Lamentablemente, estos buenos deseos ignoran 500 años de teoría y práctica política. Al menos desde que Maquiavelo escribió que al príncipe “tan útil le es perseverar en el bien cuando no hay inconveniente, como saber desviarse de él si el interés lo exige”, es parte del canon sobre el comportamiento de los políticos que estos tenderán a actuar para el bien común cuando esto coincida con su interés personal –léase, su carrera política.

Pero la conclusión no es que un acuerdo político no sirve, sino que es necesario, mas no suficiente. Para que los participantes del acuerdo tengan incentivos para comprometerse en el tiempo, tienen que beneficiarse lo suficiente o sufrir un costo alto si lo abandonan.

Y ahí es donde tiene que entrar el Gobierno para crear esos beneficios y costos a través de una buena gestión política. Es lo que están tratando de hacer Macri en Argentina y Macron en Francia.

Esto supone proponer, persuadir y negociar. Proponer una narrativa sobre lo que se quiera hacer que articule valores que conecten con las personas, para forjar un sentido común favorable a las reformas propuestas.

Persuadir a actores con credibilidad entre grupos relevantes de la sociedad para que sean aliados de las reformas y fortalezcan el mensaje. Un Gobierno con baja aprobación y que inspira poca confianza no podrá ser lo suficientemente efectivo en transmitir una narrativa de ese tipo, necesita aliados.

Y negociar con los opositores con capacidad de veto sobre la base de una propuesta audaz, que marque una diferencia sustancial con el statu quo.

Solo con una gestión efectiva en crear capital político asociado a una reforma, el Gobierno podría generar beneficios para Fuerza Popular de apoyarla y costos de abandonarla.

Sin eso, no habrá acuerdo político que sirva.

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