La bancada de Alianza Para el Progreso presentó este jueves, 27 de octubre, un proyecto de ley que establece la implementación de un cargador único para celulares, tablets y otros dispositivos móviles en Perú.
La iniciativa tiene por objeto establecer de manera progresiva, hasta diciembre del 2024, la implantación del cargador universal para celulares, tabletas y dispositivos electrónicos recargables a través de un cable.
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Según el proyecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) será quién establezca el tipo de cargador que deberán utilizar todas las empresas que importen o fabriquen equipos electrónicos que requieran recarga.
“La presente ley establece una obligación nueva a todas las empresas que importen o fabriquen celulares tabletas u otros que requieran cargador para que este sea universal o compatible entre todos ellos, estableciendo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones como la entidad encargada de regular y contralar dicha disposición”, detalla el documento.
Además, menciona que la propuesta normativa no genera gasto al presupuesto estatal, ya que los costos de implementación deberán ser asumidos por las empresas importadoras. El Estado solamente asume la posición de regulador, imponiendo las condiciones en las cuales se tendrán que desempañar las compañías que inviertan en el Perú.
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“El impacto de los efectos de la norma se reflejará principalmente en la lucha contra la contaminación ambiental y la menor generación de basura electrónica, que hasta la fecha viene afectando al medio ambiente peruano”, indica el proyecto de ley.
Asimismo, esto no implica un aumento en el precio del producto.
Cabe mencionar que la iniciativa parlamentaria toma como punto de partida las posiciones adoptadas por la Unión Europea en relación con la necesidad de contar con un cargador universal para los teléfonos.
Como se sabe, en Europa han aprobado que todos los smartphones deben ser compatibles con el cable USB tipo C, por lo que incluso empresas como Apple van a tener que rediseñar sus productos para adaptarse a esta normativa.
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Lo cierto es que, de aprobarse el proyecto de ley, todas las empresas tendrán hasta diciembre del 2024 para adoptar las medidas del Estado peruano y evitar ser sancionados.
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