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El regreso a la presencialidad de las clases escolares está programado para el próximo 28 de marzo. A fines de enero, el ministro de Educación, Rosendo Serna, afirmó que 60 mil institutos educativos se encontraban en mantenimiento para llegar en óptimas condiciones a este reinicio.
“La gran mayoría de escuelas van a estar listas a fin de iniciar este proceso”, afirmó. Sin embargo, la infraestructura no es la única tarea pendiente a seis semanas del retorno presencial a las aulas.
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Durante la pandemia se dieron dos fenómenos: el incremento de alumnos matriculados y la dificultad de reintegrar al sistema a aquellos que desertaron en el 2020.
En 2021 más de 9,1 millones de estudiantes se matricularon en la educación básica regular. Esto significó un crecimiento de 1,1 millones de alumnos frente a lo visto en 2019. De ese total, más de 900 mil ingresaron a colegios públicos, donde el año pasado estuvieron 6,9 millones de estudiantes.
Para Daniel Alfaro, exministro de Educación y Líder del eje de Educación de Propuestas del Bicentenario de Videnza, el incremento se debe a las acciones del Gobierno por aumentar el acceso a la educación básica, así como a los traslados de colegios privados a públicos producto de la pandemia.
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Sin embargo, indicó que la inversión del Gobierno en los logros de aprendizaje de los alumnos (que comprende formación y pago de docentes, intervenciones de infraestructura y los materiales educativos) es insuficiente para que se brinde un servicio óptimo.
“Hasta el 2020 las remuneraciones a los docentes representaban el 55,1% de lo invertido. Esto es un crecimiento paulatino desde 2016, cuando [esta cifra] se ubicaba en 46%. La experiencia dice que es positivo aumentar los salarios, pero en base a un sistema de evaluación. [...] Aquí ese dinero no está yendo a mejorar ni a capacitar a los docentes”, aseguró.
De acuerdo a Hugo Ñopo, economista e investigador de Grade, la falta de pruebas y capacitaciones a los docentes termina perjudicando el nivel de enseñanza que pueden dar.
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Asimismo, resaltó que otra de las debilidades no enfrentadas es la poca inversión del Estado en cada alumno. “Estamos estancados hace una década en cuánto invertimos como país por estudiante por año. Se gasta US$1.100, US$1.200 por estudiante al año, aproximadamente US$100 por mes. Nuestros vecinos como Colombia y Chile invierten el doble o el triple. Estamos rezagados”, afirmó.
Ñopo agregó que el 4,25% del PBI peruano en 2020 se destinó a la educación. A pesar de esto, cerrar la brecha de infraestructura del sector demandaría invertir el 20% del PBI, por lo que esa es otra cuenta pendiente.
“El 20% es una cifra gigantesca tomando en cuenta lo que venimos invirtiendo en educación. Para cerrar la brecha se necesitaría que durante cinco años todo el presupuesto destinado al sector vaya ahí”, explicó.
Entre 2019 y 2021 la inversión de los tres niveles de Gobierno pasó de S/18.461 millones a S/21.040 millones en logros de aprendizaje. “Es un esfuerzo, pero no es suficiente porque antes de la pandemia la brecha en educación ya era alta y ahora ha aumentado”, remarcó Alfaro.
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En 2021 más de 9,1 millones de estudiantes se matricularon en la educación básica regular. (Infografía: GEC)
Desertores
Durante la pandemia 149 mil estudiantes escolares desertaron. Hasta diciembre del 2021 solo regresaron 57 mil. La focalización para identificar y recuperar a estos alumnos sigue estando pendiente.
“Cerca de 90 mil alumnos aún no se han recuperado y las barreras sanitarias y económicas que los alejaron son difíciles de superar. El Gobierno debe hacer una estrategia focalizada para que regresen”, afirmó Alfaro.
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Los problemas económicos se extienden a los alumnos de colegios privados que pasaron a la educación pública en pandemia. Todavía el 60% de este grupo no retorna a sus colegios de origen. “200 mil emigraron a la escuela pública y solo el 40% regresó a la escuela privada. [...] Hicimos descuentos de hasta el 70% en las pensiones, pero aún así no regresaron”, detalló Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima (Acopril).
El Comercio se comunicó con el Ministerio de Educación para la elaboración de este informe, pero no obtuvo respuesta.
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