¿El fin justifica los medios? Esta frase resume, grosso modo, la discusión pública que presenciamos la semana pasada entre el Consejo Fiscal (CF) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En pleno uso de sus facultades, el CF –organismo público adscrito al MEF, pero autónomo–, levantó una bandera de alerta ante la decisión del MEF de realizar una transferencia de S/1.000 millones de las utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público vía Decreto de Urgencia. Lo que se cuestionó: 1. La transferencia no debería haber sido registrada como un ingreso sino como un préstamo, porque el año fiscal 2023 no ha terminado y el dinero podría haberse reinvertido; 2. No se cumplió con el criterio de la excepcionalidad; 3. Se incrementan los ingresos presentes a costa de los futuros. El cuestionamiento, dado el encargo del CF de reforzar el compromiso país con la gestión responsable y predecible de las finanzas públicas, no sólo es válido sino necesario. El MEF, como aludido, reaccionó públicamente, y de ahora en adelante, el tema debería manejarse de manera más discreta y por vías oficiales. Ya todo lo que se podía decir a los cuatro vientos, se dijo.

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