Lo que no puede hacer un congresista

¿Una universidad pública tecnológica en San Juan de Lurigancho? ¿Qué se creen escuelas de serenazgo? ¿Otra carretera hasta Brasil? ¿Nuevos hospitales de salud mental? ¿Un ministerio de los emprendedores? Tras leer ciertas propuestas de candidatos al Congreso, cada día está más claro que no todos los postulantes conocen las limitaciones del cargo al que aspiran acceder. Porque ninguna de las iniciativas que son mencionadas en este párrafo se podría alcanzar desde una oficina en el Palacio Legislativo.

Así, a menos de una semana de las elecciones parlamentarias, no está de más recordar una premisa fundamental en nuestro orden constitucional. Esta es, que el Congreso no tiene iniciativa de gasto en el presupuesto público. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún puente, carretera, universidad (y un larguísimo etcétera) puede salir de un proyecto de ley generado en el Legislativo.

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Y pese a que muchos legisladores creen que cumplen con esta limitación al incluir al pie de sus proyectos la ya famosa frase “la dación de la norma no genera costos adicionales al erario nacional”, lo cierto es que nuestra historia parlamentaria demuestra que esta restricción no es clara para todos. Si no, habría que recordar la ley para nivelar las pensiones de los militares y policías en retiro, o la iniciativa con la que se aumentó el monto de la CTS para ciertos trabajadores de Essalud (ambas presentadas por el Legislativo y aprobadas por insistencia en el último Congreso).

Ahora, que un legislador no pueda generar nuevos egresos a las cuentas fiscales no significa que deba ignorar las decisiones de derroche que pudieran venir del mandatario y su equipo ministerial (la generación del gasto público es una potestad exclusiva del Ejecutivo). Y es que una de las principales responsabilidades de un congresista se encuentra precisamente en el control presupuestario.

Cada año, el Parlamento debe revisar y aprobar la ley de presupuesto presentada por el Poder Ejecutivo. Con esto, los legisladores validan los ingresos proyectados y lo que el gobierno planea gastar en el siguiente año calendario.

El problema es que, por no quedarse de brazos cruzados, muchas veces los parlamentarios terminan metiendo la mano hasta el codo en la revisión de dichos proyectos de ley. Según detalló un informe publicado en este Diario el año pasado, solo entre el 2016 y el 2019, en el Congreso se incorporaron 974 proyectos valorizados en más de S/2.000 millones a los respectivos proyectos de ley de presupuesto presentados por el Ejecutivo.

¿Pero qué quiere decir eso? Que, pese a no tener iniciativa de gasto, desde la Comisión de Presupuesto los congresistas modifican las prioridades del Ejecutivo, al quitar ciertas obras e incluir otras para que sean directamente financiadas por el Estado sin por ello alterar el monto total propuesto en el proyecto de ley.

¿Y es esto es ilegal? No, pero tampoco es una práctica transparente. Según un informe de la Contraloría, solo un 5% de estas modificaciones son documentadas durante la etapa de aprobación del presupuesto. El resto ocurre fuera del debate en comisión, por lo que, como indica el documento del órgano de control, los actores involucrados “podrían recurrir a prácticas informales de negociación”.

Y volviendo a las propuestas de los postulantes al Congreso, ¿qué pasará con aquellas que sí tienen iniciativa de gasto? Ojalá se queden en nada cuando descubran que no son viables. O quizá se transformen en una de tantas declaraciones de interés nacional presentadas en el Legislativo… y de esas ya tenemos una hasta para fomentar el consumo del pollo a la brasa.