Este diciembre se cumplen tres años del destape del Caso Odebrecht, que ha involucrado no solo a funcionarios públicos sino también a empresarios. Con esa distancia, Jorge Medina, expresidente de la ONG Proética, Capítulo Peruano de Transparency International y columnista de Día1, analiza las lecciones aprendidas y pone en agenda propuestas para alentar el compromiso de los ejecutivos contra la corrupción.
¿Qué retos plantea el “caso Odebrecht” al empresariado peruano en términos éticos?
En realidad, plantea una gran oportunidad. El reto es no dejarla pasar. Casos como los de Odebrecht, Club de la construcción y Cuellos blancos, son el resultado de la perversa relación desarrollada entre el mal poder político y el mal poder económico, a causa de la débil institucionalidad reinante en nuestro país. Pero no todo es malo. En el Perú hay buenos empresarios y ejecutivos que actúan con ética. Son quienes deberían salir de su zona de confort para ayudar al país a migrar de una cultura de transgresión a una de transparencia e integridad. A tres años del destape es poco lo hecho, nos ha faltado liderazgo.
¿Cuál es el problema detrás de la corrupción y los sobornos en el Estado?
La corrupción tiene su propia dinámica, funciona en base a redes y complicidades y se desenvuelve en un mercado de oferta y demanda en el que los actores miden riesgos, costos y beneficios. El sector privado, más allá de declaraciones de valores y códigos de conducta, ha hecho muy poco para dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. ¿O acaso no es verdad que muchos sabían de Odebrecht y el Club de la Construcción, pero decían “qué podemos hacer, qué pruebas hay, no somos fiscales ni jueces”? Pero por supuesto que sí hubiésemos podido hacer algo. Por ejemplo, ejercer sanción social contra quienes sabíamos que violaban la ética y la ley. Ponernos de costado ha sido muy perjudicial y nos ha pasado una factura muy cara.
¿Es el estado de la institucionalidad el problema de fondo?
Nuestro país es débil en institucionalidad. Frente a Uruguay, Chile y Costa Rica –por mencionar sólo algunos países de nuestra región– tenemos una gran desventaja en percepción de corrupción. El problema de fondo es que no se entiende que la corrupción es solo la punta del iceberg, es el síntoma, el efecto. Hay que ir a las causas que las generan. Y una muy importante es precisamente nuestra precaria institucionalidad. La madre del cordero radica en la forma en que se ejerce el poder político y económico. Hay que reformar la política. Y eso se logra con participación ciudadana. Y la empresa es parte de la sociedad. Tiene que involucrarse con propuestas concretas.
El sector privado, más allá de declaraciones de valores y códigos de conducta, ha hecho muy poco para dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución.
En las últimas semanas hemos visto líderes empresariales revelando aportes millonarios en tiempos de campaña. ¿Cuál es la lección aprendida para la comunidad de empresarios más allá de la “legalidad” de los aportes? ¿Y para los consumidores?
La lección más importante, que ojalá aprendamos de una vez por todas, es que la transparencia debe ser un principio fundamental no negociable. Una segunda enseñanza es tomar consciencia de que nuestras decisiones –siendo singulares en lugar y ocasión– son universales en significado e impacto, porque afectan a los demás. Por tanto, debemos pensar no sólo en nosotros sino en nuestros empleados, comunidad, medio ambiente y ciertamente en nuestros consumidores. Sobre éstos, tengamos mucho cuidado, no vaya a ser que los perdamos a causa de decisiones que tomamos con las que no están de acuerdo.
En una columna publicada en Día 1 habló sobre la importancia de que los líderes empresariales se pronuncien sobre temas políticos y sociales, y calificó de insostenible el silencio de los CEO ¿Por qué?
Porque la empresa no es una institución aislada que sólo opera en el mercado. Es parte de la Sociedad, un sistema complejo de interdependencias en donde todo se relaciona con todo. Entonces ¿cómo mantenerse al margen?
En este escenario, y en línea con el ODS16, ¿cuál debería ser la agenda para los CEO y la empresa privada en el Perú en el 2020?
¿Qué podríamos hacer que no hemos hecho aún? Proponer políticas públicas para reformar nuestras instituciones.Otra cosa: los estatutos de los gremios deberían tener una cláusula de cumplimiento obligatorio que permita retirar temporalmente a las empresas cuyos ejecutivos estén acusados de corrupción, mientras duren las investigaciones. Y otra cláusula que permita expulsarlas si la justicia los declara culpables. Eso sería ejercer sanción social. Pero quizás lo más importante esté a nivel de las propias empresas, quienes deberían revisar sus propósitos para ver en qué medida reflejan la verdadera razón de ser de una empresa: resolver necesidades sociales mediante sus bienes y servicios, poniendo al ser humano en el centro mismo de sus estrategias corporativas. Esa debería ser una prioridad de los directorios en el 2020, asegurarse de que sus estrategias y presupuestos respondan a un propósito elevado.