El triunfo electoral de Pedro Castillo (Perú Libre) en toda la sierra y gran parte de la costa ha suscitado sorpresa y alarma en parte de la población, pero, sobre todo, en los sectores extractivos, que ven pesar sobre sí (nuevamente) el fantasma de la nacionalización de los recursos minero-energéticos.
El líder de izquierda ha sido enfático en señalar que “las mineras saquean al país” y que de llegar al poder va a obligarlas a dejar el 70% de sus utilidades en el Perú “y no al revés (el 30%) como es hoy”.
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Para lograr este fin, habla de “renegociar los contratos con las empresas mineras” (sic). Pero su Plan de Gobierno va mucho más lejos.
“Los principales yacimientos de la gran y mediana minería, como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala, etc., deben ser nacionalizados y pasar descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción”, apunta el documento.
Y añade que también el yacimiento gasífero de Camisea, los pozos petroleros, refinerías y centrales hidroeléctricas, correrán la misma suerte.
El conteo de votos a favor de Perú Libre destaca a esta agrupación como la gran ganadora en todas las regiones productoras de cobre del Perú. ¿Qué significa esto para la minería?
INVERSIONES EN VILO
Para Marcial García, Socio de Impuesto de EY, la victoria en primera vuelta de Pedro Castillo configura una situación “sumamente preocupante” para la minería, pues paralizará todas las inversiones hasta que no se definan las elecciones presidenciales, es decir, hasta mediados de año.
“Con el precio del cobre en alza (encima de US$4 la libra) esta era la mejor oportunidad que tenía el Perú para promover sus proyectos de inversión. Pero ahora vamos a estar a la zaga de otros países porque, hasta que volvamos a recuperar la estabilidad que requieren los inversionistas, probablemente estos ya hayan optado por llevar su dinero a otra jurisdicción”, refiere.
Así opina también Carlos Galvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). A su entender, ningún nuevo proyecto minero podrá iniciar su ejecución hasta que el panorama político no se aclare.
Esto significa que quedarían en stand by siete iniciativas por US$3,577 millones programadas para iniciar construcción en estos meses, según estimaciones el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Es el caso de los proyectos Yanacocha Sulfuros (oro-cobre), Chalcobamba Fase I (cobre), San Gabriel (oro), Pampacancha (cobre), Corani (playa), la ampliación de Inmaculada (plata-oro) y la ampliación de Shouxin (hierro).
Todas esas inversiones se retrasarían, más no así los proyectos que ya están en pleno desarrollo y que pasaron el “punto de no retorno”, como Quellaveco y Mina Justa, que tendrán que continuar.
“Para nuevos proyectos hay que esperar y ver lo que va a pasar”, enfatiza Gálvez.
En líneas generales, sin embargo, los empresarios mineros no dejan de ser optimistas.
OPTIMISMO MINERO
Así, Víctor Góbitz, CEO de Antamina, considera que aún falta conocer con precisión cómo quedará conformado el nuevo Congreso de la República, antes de aventurar posibles temores sobre el futuro.
“Al término de la primera vuelta se tienen varias minorías políticas y queda aún pendiente de dilucidar si estas minorías lograrán agruparse alrededor de un plan consensuado, cuya prioridad debe ser la pronta recuperación de la salud pública, alcanzar una educación pública de calidad y el desarrollo económico del país a su pleno potencial”, señala.
Mientras que Gálvez sostiene que este debe ser, probablemente, el mejor escenario electoral para el país, pues permitirá confrontar una opción de extrema izquierda (Perú Libre) con una que defiende el libre mercado (Fuerza Popular) la cual, a la larga, debería ser la triunfadora.
“La esperanza – añade Marcial García - es que una gran mayoría de la población vea que la propuesta estatista de Castillo, que[js3] ya ha sido probada en otras latitudes e incluso en el Perú en los años 70, los disuada de votar por él. El hecho de tener un millón de venezolanos en el país debería enviar ese mensaje”.
Las cosas, por lo demás, no serían muy fáciles para Perú Libre en un eventual gobierno suyo.
LAS CARTAS SOBRE LA MESA
Epifanio Baca, consultor independiente del grupo Propuesta Ciudadana advierte que cualquier propuesta de nacionalización de yacimientos mineros y energéticos tendrá que definirse en el nuevo Congreso, que se encuentra bastante fragmentado.
“Perú Libre cuenta con cerca de 30 congresistas. Si sumamos los que puede recabar en una alianza con Junto por el Perú no llega a 38 (40). Ni hablar de 50”, apunta.
En este escenario, la única posibilidad que tendría la agrupación de Pedro Castillo para forzar una nacionalización es convocar un amplio respaldo popular en segunda vuelta, al modo de Evo Morales en Bolivia.
Una opción que no parece cercana y que, además, se aleja del marco institucional peruano.
Por esta razón, Baca coincide en señalar que el triunfo de la derecha peruana está casi cantado desde el momento en que esta ha “jugado bien sus cartas” para neutralizar a Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y levantar al candidato radical ideal (Pedro Castillo) que permitirá la rápida conformación de una alianza derechista para ganar la segunda vuelta electoral.
La aventura de Perú Libre, no obstante, ayudaría a forzar algunas definiciones.
¿ÚLTIMA OPORTUNIDAD?
Una de ellas sería poner en primer plano, nuevamente, el voto de protesta de la población más pobre del Perú, la cual viene siendo postergada en sus expectativas de obtener agua, desagüe, salud y educación, desde la época en que el boom minero llenaba de grandes recursos las arcas del Estado.
En opinión de Gálvez, se trata, posiblemente, de la última oportunidad que tiene el modelo económico para corregir este clamoroso olvido.
“El panorama es lo suficientemente malo para tomar nota de estos grandes reclamos, pero es lo suficientemente bueno para no perder las esperanzas y poner manos a la obra para arreglar los que los gobiernos no han sido capaces de resolver en los últimos 10 o 15 años”, anota.
Para Baca, al igual que para Marial García, el quid está en aprovechar el extraordinario precio del cobre, lo cual se logrará siempre que el próximo gobierno tome las cosas con mesura.
Eso significa, en un eventual gobierno de Fuerza Popular, que no se relajen los avances logrados en materia social y ambiental para “hacer lo que las empresas mineras quieren”, pues eso sería un abono para la conflictividad social que los grupos radicales no dudarán en aprovechar.
Según el Minem, hay en juego para los próximos cinco años trece nuevos proyectos mineros, ocho de ellos de cobre, de los cuales depende que la producción cuprífera del Perú supere la barrera de las 3 millones de toneladas.
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