"Que exista una entidad que se encargue de enmendar la plana a los excesos normativos del Congreso, es definitivamente positivo". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"Que exista una entidad que se encargue de enmendar la plana a los excesos normativos del Congreso, es definitivamente positivo". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Alek Brcic Bello

Economista

Existe una institución que puede ponerle freno a las irresponsabilidades de un que dispara dictámenes y aprueba normas sin importar su viabilidad técnica o jurídica: el . Se trata de la máxima voz en el Estado para velar por el respeto a la Carta Magna (es decir, los que confirman que lo que aprueban los parlamentarios es un mamarracho).

Un ejemplo de esto ocurrió el pasado 25 de agosto. Ese día, el tribunal decidió de forma unánime que la suspensión del cobro de peajes durante el estado de emergencia (una ley aprobada por insistencia y con aplausos en el Parlamento), es inconstitucional. El motivo: la norma interviene en contratos de concesión ya firmados.

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Este órgano autónomo ahora deberá deliberar sobre la ley que asciende y nombra automáticamente al personal de salud en el sector público (otra norma aprobada por insistencia en el Congreso y que representa un costo de más de S/2.000 millones al Tesoro Público). Y seguramente después sea el turno de la iniciativa que habilita los retiros de aportes a la ONP, si esta acaba siendo ley.

Que exista una entidad que se encargue de enmendar la plana a los excesos normativos del Congreso, es definitivamente positivo. El problema es que seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional tienen el mandato vencido hace más de un año, por lo que deben ser reemplazados (los actuales magistrados continúan en funciones mientras sus sucesores no hayan tomado posesión del cargo). Y los encargados de elegir a los nuevos integrantes del tribunal no son otros sino los mismos congresistas.

Sobre esto, el legislador Rolando Ruiz, quien preside la comisión encargada de evaluar a los nuevos candidatos a magistrados (integrada por un congresista de cada una de las bancadas en el Parlamento), ha señalado que en solo tres meses los presentarían en el Pleno. Esto, después de elaborar el reglamento del concurso, hacer pública la lista de candidatos y resolver las tachas que pudieran presentarse contra los postulantes.

Una vez definidos los candidatos, cada uno de ellos deberá obtener la aprobación de al menos dos tercios del número legal de miembros en el hemiciclo para ser nombrado en el cargo (no menos de 87 votos).

Pensar, sin embargo, que esto es suficiente para que la elección de magistrados esté protegida de la irresponsabilidad parlamentaria y de intereses políticos, ignora el comportamiento que ha mostrado el Legislativo hasta la fecha. Más todavía cuando ciertos congresistas han adelantado lo que verdaderamente esperan de los nuevos magistrados.

Para empezar, el presidente del Poder Legislativo, Manuel Merino, quiere que su legislatura deje un tribunal “renovado [para] que realmente dé las respuestas que la población viene esperando”. Esto, como una réplica al tribunal actual que rechazó una ley absolutamente inconstitucional como la de los peajes y que vería una potencial norma sobre el retiro de aportes a la ONP.

Pero Merino no está solo. El legislador Luis Valdez, de Alianza para el Progreso, cree que el tribunal actual tiene un “sesgo político” y que sus miembros “hacen eco” de las expresiones del presidente. Mientras que el congresista de Podemos Perú José Luna Morales espera que se nombre a un tribunal que juegue para las tribunas y que crea que “los derechos de todos los peruanos están por encima de los intereses de las grandes empresas”.

Si medidas abiertamente inconstitucionales han logrado superar los cien votos en el hemiciclo sin mayor debate, no es descabellado pensar que candidatos que se acomoden a los requerimientos e intereses de algunos legisladores puedan lograr más de 87 votos. Por ello, toca estar atentos a lo que pueda salir de este proceso, porque un nuevo Tribunal Constitucional elegido con la misma rigurosidad mediocre que ha mostrado el Congreso para sus proyectos de ley, acompañaría al país por al menos cinco años más.

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