"Todas las partes interesadas en el funcionamiento del Estado se benefician de la existencia de una administración pública basada en el mérito", señaló Francisco Longo.
"Todas las partes interesadas en el funcionamiento del Estado se benefician de la existencia de una administración pública basada en el mérito", señaló Francisco Longo.
Juan  Saldarriaga

La meritocracia en el servicio público viene sufriendo un constante deterioro que se evidencia en la menor calidad de los equipos técnicos debido a la continua rotación de ministros y funcionarios.

Muestra de ello es el último seguimiento realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la Ley del Servicio Civil, el cual muestra que “hay un estancamiento, con un ligero retroceso en la calidad del servicio civil peruano”, manifestó Francisco Longo, profesor del Centro de Gobernanza Pública de Esade (España), en CADE 2024.

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Esto se manifiesta, señala el especialista, en el decepcionante número de entidades públicas adscritas a la Ley del Servicio Civil desde su implementación en el 2012.

Y es que, de las 500 que empezaron dicho recorrido en el 2013, solo muy pocas de ellas, no más de 13 (menos del 1%), “completaron la totalidad del camino”.

Esto ha hecho que males, más o menos endémicos del sistema, se sigan arrastrando y que algunos, incluso, se agraven. Por ejemplo, el sistema se ha vuelto más rígido”, señaló Longo.

De acuerdo al especialista, quien es, además, el creador de la metodología empleada por el BID para el análisis de los servicios civiles en la región, esto ha originado “un desgaste significativo” en la entidad rectora del sistema, que es SERVIR.

Anotó, sin embargo, que lo paradójico de este análisis es que el índice del mérito se mantiene alto, pero aclaró que esto se debe a que el sistema es estricto con las formalidades, pero “no dice nada sobre la idoneidad de las personas que acceden al servicio público”.

En ese sentido, recomendó “crear meritocracias flexibles” porque este tipo de mecanismos fomentan el emprendimiento en los funcionarios y el fortalecimiento de sus facultades, como ocurre en Suecia, “país donde no existen normas especiales para el empleo público y que funciona sin nepotismo, sin clientelismo y sin interferencia política”.

LEY SERVIR

Mercedes Araoz, ex ministra de Economía y Finanzas, señaló, al respecto, que urge tener un sistema que ayude a desarrollar este tipo de capacidades técnicas en el largo plazo, al estilo de la Ley Servir.

Lamentablemente – dijo - esta ley ha sido perforada enormemente y no estamos viendo que tenga resultado. Por el contrario, pareciera que se que la quiere eliminar”.

Refirió que SERVIR fue un sistema muy práctico en su inicio, pero que faltó compromiso político para implementarla, pues, “habiendo salido la idea del MEF no se le dio el presupuesto requerido”.

Peor aún, añadió que los mismos funcionarios que trabajaban en SERVIR lo convirtieron en un sistema sumamente rígido y muy burocrático, lo cual le quitó flexibilidad y motivó que las mismas entidades estatales “pidieran el Congreso una ley que las exonere de ello”.

La reflexión es importante porque no hemos avanzado en un diseño del servicio público”, manifestó.

Contar con un Estado “más meritorio y con más capacidad institucional” es una necesidad urgente, pues hace que los recursos de un país se manejen de manera más eficiente y que la administración pública se convierta en “un motor central para el crecimiento económico”, anotó Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda de Chile.

Puso como ejemplo el caso de este país, el cual aprobaba hace diez años proyectos de inversión por US$30 mil millones, pero que ahora solo aprueba un tercio de ese monto, “prácticamente, con las mismas reglas de juego”.

¿Qué es lo que ha cambiado? Evidentemente, las capacidades del Estado y su gestión. El déficit de gestión pública tiene una respuesta para eso”, expresó.

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