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El Pleno del Congreso aprobó ayer en primera votación, con 111 a favor y 3 en contra (y se exoneró de segunda votación), el texto sustitutorio de la Comisión de Economía que precisa la Ley 31173, que garantiza el cumplimiento de la Ley 29625 (Ley de devolución de dinero del Fonavi a los trabajadores que contribuyeron a este fondo), priorizando a la población vulnerable, como consecuencia de la pandemia.
Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía, señaló que la ley propuesta implica que para la devolución de los recursos se aplique el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que originaría que la deuda resultante sea de S/ 42.008 millones.
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“El monto por devolver sería el resultado de la liquidación de los recursos del Fonavi, al plantearse una liquidación de los activos de este fondo y de los que fueron adquiridos, por lo que no se incurre ningún gasto con cargo al tesoro público”, señaló.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, asegura que no es posible utilizar para el pago la liquidación de los activos del Fonavi, pues estos ya no existen. Estos, apunta, han sido utilizados para obras de vivienda popular, obras de saneamiento, entre otros.
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“No existen recursos puntuales en el presupuesto ni en el tesoro público para poder asignar una transferencia de esta magnitud, en absoluto, y no hay forma alguna de que se puedan individualizar los montos de los aportantes”, sentenció.
Según cálculos de Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, los S/ 42 mil millones a pagar representan más del 20% del presupuesto nacional, una cantidad muy importante que supera el presupuesto en educación (de S/ 35,758 millones) y dobla el que se tiene para el sector salud para este año (alrededor de S/ 22 mil millones), señaló.
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Comisión Ad Hoc
Castilla resaltó que uno de los cambios principales en la norma es la composición de la Comisión Ad Hoc, que busca que la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAFP) tenga mayoría y pueda acelerar el proceso y disponer de los recursos públicos. No obstante, esta competencia, según la Constitución, le corresponde al Poder Ejecutivo.
“Una ley no puede ir en contra de la Constitución, la competencia hacendaria (uso adecuado del presupuesto público) y de gasto la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en representación del Poder Ejecutivo,”, afirmó.
Para Castilla, el MEF tendría que observar la mencionada norma, como ya lo hizo antes. “Salvo se haya cambiado la prioridad, sería una cuestión absolutamente irresponsable”, dijo.
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Pago
Ivan Parédez, asociado senior de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, afirma que la ley vulnera el principio de equilibrio presupuestal y la prohibición de gasto por parte del Legislativo, pues esta institución no tiene la facultad de aumentar ni crear gastos públicos, salvo para su propio presupuesto.
No obstante, la norma aprobada cuenta con el respaldo de varias bancadas. De no ser observada por el Ejecutivo, se tendría que instalar una nueva comisión Ad Hoc que emitirá los certificados de reconocimiento del monto a devolver a los ex aportantes: más de 2 millones de adultos mayores y sus herederos, calculó Parédez.
Carrillo estima que, de darse el pago, debería desarrollarse un plan de desembolsos por unos cinco años para que este sea viable. Además, por lo menos, debería estar por debajo del 10% del presupuesto, y tener topes máximos por persona.
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Por otro lado, Parédez explicó que, si bien la deuda sería de S/42 mil millones al aplicarse el IPC, a ese monto debe agregarse alrededor de S/31 mil millones en intereses legales, lo que significaría una devolución total de S/ 73 mil millones aproximadamente.
Cabe recordar que en la observación del Poder Ejecutivo el año pasado, se señala que entre enero del 2015 y noviembre del 2019 se ha devuelto a más de un millón de fonavistas más de S/ 1.346 millones, con los recursos recuperados por la Comisión Ad Hoc.
Este Diario se comunicó con el MEF, que indicó que el proceso de devolución está a cargo, efectivamente, de la Comisión Ad Hoc, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. No obstante, la fórmula para las devoluciones sí está a cargo de la cartera liderada por Pedro Francke.
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