(Ilustración: El Comercio)
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Oswaldo Molina

Los recientes escándalos de nos vienen sacudiendo desde hace semanas. Lo peor de todo es esa sensación de impotencia que, junto con el sentimiento de desánimo y desconfianza, nos invade a todos. Tenemos la impresión de que no podemos hacer nada más que ser testigos impávidos de esta situación. Sin embargo, ¿puede usted, amigo lector, hacer algo contra la corrupción? ¿Puede la sociedad civil lograr un cambio concreto? Eso es justamente lo que se pregunta Paul Lagunes, profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. Para responderlo, hace un experimento precisamente en el Perú.

Lagunes busca analizar si la sociedad civil, a través de la vigilancia ciudadana, puede reducir los niveles de corrupción existentes en los gobiernos locales para la construcción de infraestructura pública –justamente una actividad sobre la que se tiene enormes dudas, especialmente tras los escándalos de Odebrecht–. Para ello, él selecciona 200 distritos en el Perú. A 100 de estos, elegidos aleatoriamente, Proética –ONG peruana dedicada a la lucha contra la corrupción– les envía una carta anunciándoles que serán vigilados proyectos específicos de infraestructura a cargo del gobierno distrital. Posteriormente, una segunda carta es enviada, esta vez por parte de la Contraloría General de la República, en la que esta anuncia que apoya los esfuerzos de monitoreo de la ONG. ¿Pueden estas simples cartas generar algún cambio en el comportamiento y reducir la corrupción?

Los resultados son alentadores: aquellos distritos que recibieron las cartas que anunciaban el monitoreo gastaron, en promedio, S/243.000 menos en la ejecución de cada proyecto que aquellos distritos que no recibieron dichas cartas, lo que representa una reducción del gasto de alrededor de 51%. Y este resultado se obtuvo sin generar un incremento en el período de ejecución de la obra, un temor razonable respecto a las actividades de monitoreo y control.

Vale decir, los esfuerzos de vigilancia ciudadana –o al menos el anuncio de estos esfuerzos–, respaldados convenientemente por los órganos de control, sí logran reducir la corrupción, al incrementar la probabilidad de descubrir los ‘sobrecostos’ en las obras públicas. Más importante aun, logran hacerlo a un costo significativamente bajo. Es evidente que para combatir la corrupción, un problema endémico en nuestro país, no existe una receta mágica y se requiere, más bien, el esfuerzo desde todos los frentes. No obstante, es clave la participación de la sociedad civil, que, al encontrase cerca de la ejecución de las obras públicas, tiene mayor capacidad para encontrar las actividades ilícitas.

Lo que este experimento, en cambio, nos demuestra es que es fundamental respaldar las acciones de control de la población, esforzándonos por no generar mayor burocracia y parálisis. De esta manera, todos podemos convertirnos, amigo lector, en guardianes del tesoro público.

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