(Foto: El Comercio)
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Redacción EC

La investigación independiente que encargó realizar al estudio de abogados estadounidense Simpson Thacher & Bartlett no halló evidencias de corrupción en los seis proyectos en los que participó la constructora peruana en asociación minoritaria con la brasileña Odebrecht.

La indagación involucró la revisión de más de 250 mil documentos vinculados a la Carretera Interoceánica (norte y sur), la línea 1 del Metro de Lima, Chavimochic y el Gasoducto Sur Peruano. En todos estos proyectos Graña y Montero tuvo una participación accionaria de entre el 10% y el 33%.

Así, el citado estudio examinó correos electrónicos, mensajes de texto, estados financieros, informaciones de prensa y documentos comerciales, además de otros soportes electrónicos como discos duros de computadoras, backups y datos de redes corporativas. También se realizaron 25 entrevistas a funcionarios, ex funcionarios y ciertos ex directivos de la compañía.

"La investigación no identificó evidencia como para establecer que el personal de la compañía participó a sabiendas en sobornos en relación con cualquiera de los proyectos", señaló la indagación de Simpson Thacher & Bartlett.

En relación a las declaraciones públicas que señalan que podría haber financiado sobornos a funcionarios públicos mediante el reembolso de accionistas minoritarios a través del pago de dividendos, pagos por liderazgo ('leadership fees') o por costos gerenciales, la investigación también señala que "no identificó evidencia" para concluir que el personal de Graña y Montero tuvo conocimiento o consideró que estos desembolsos estaban relacionados con actividades de corrupción.

"El informe recibido hoy deja claro que no se han encontrado evidencias de corrupción y al mismo tiempo nos confirma que hay áreas de mejora, particularmente, en la manera en que gestionamos nuestras asociaciones con terceros", refirió Augusto Baertl, presidente del directorio de Graña y Montero.

El ejecutivo dijo que se ha solicitado al Comité Riesgos, Cumplimiento y Sostenibilidad de la compañía que trabaje en reforzar la política de entrada en consorcios, especialmente en los proyectos donde la firma tenga una participación minoritaria.

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