Gobierno francés planea aumentar controles fiscales a las grandes fortunas

El Gobierno francés planea aumentar en un 25 % los controles fiscales a las grandes fortunas y someter a las cien empresas con mayor capitalización bursátil a auditorías cada dos años para prevenir el fraude, además de endurecer las sanciones para las irregularidades más graves.

Según anticipó el secretario de Estado de Presupuesto, Gabriel Attal, en una entrevista publicada este lunes con el diario Le Monde, el Gobierno quiere que esas medidas estén en práctica antes de la conclusión del segundo mandato de Emmanuel Macron, de forma que “los ultrarricos” y “las multinacionales que defraudan” paguen lo que deben.

“El fraude es un veneno lento para nuestro pacto social. Todo fraude es grave, pero el de los más poderosos es imperdonable. Mi filosofía es concentrar los esfuerzos en ellos y aliviar la presión sobre las clases medias. No digo que defrauden más, pero cuando esto ocurre, las cantidades son importantes”, remarcó Attal en la entrevista.

El secretario de Estado dijo también a Le Monde que Francia grava mucho más a las grandes fortunas que sus vecinos de la Unión Europea, ya que hay un 10 % de contribuyentes que pagan el 70 % de impuesto sobre la renta, pero aseguró que aún así el Ejecutivo comprende “la demanda de justicia”.

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“Quiero reforzar las sanciones para los fraudes más graves, por ejemplo, cuando hay ocultación de bienes en el extranjero”, detalló también Attal.

Con estas políticas, el Gobierno francés busca responder al sentimiento de descontento social generado por la reciente reforma de las pensiones.

El Gobierno la promulgó argumentando que el retraso de la edad mínima de jubilación era la única forma de salvar el equilibrio financiero del sistema a medio plazo.

Grupos de opositores de izquierda planteaban, en contraposición, la alternativa de costear los desajustes con impuestos a los más ricos, una idea que no dejó de tener cierto calado entre los cientos de miles de personas que se manifestaron en Francia desde que se puso el proyecto sobre la mesa en enero pasado.

Actualmente, a pesar de que la reforma ya está promulgada, el descontento sigue vigente y los desplazamientos de los miembros del Gobierno, incluido Macron, suelen verse acompañados por manifestaciones y caceroladas de protesta.