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De acuerdo con el socio de Amrop, Luis Leey, el mercado de los head hunters o caza talentos venía creciendo este año hasta después del anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre el cierre del Congreso. Este evento en particular generó una gran preocupación en el empresariado y afectó las expectativas de los mismos.
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“Venía creciendo bien el mercado, pero después del anuncio del cierre del Congreso tuvimos la expectativa empresarial disminuyó. Nosotros pensamos que el mercado se iba a acelerar en el caso de la búsqueda de talento, pero no ha pasado. Las empresas han seguido demandando ejecutivos pero más que por nuevas inversiones, han venido por cambios de perfiles”, señaló en entrevista con El Comerioc.
En cuanto al crecimiento esperado para este y el siguiente año, Leey sostuvo que este año crecerán alrededor de 50% frente al 2018 -año “malo” para la búsqueda de talentos-. Mientras que para el 2020, Amrop prevé crecer a doble dígito, entre 15% y 20%.
BLINDAJE PARA EL SECTOR PÚBLICO
En cuanto a la implementación de sistemas de compliance para luchar contra la corrupción en las empresas, Leey explicó que estos deben aplicarse no solo en el sector privado si no también en el sector público.
“Existe mucha gente valiosa, añadió, con muchos conocimientos y valores, a los que les gustaría trabajar en el Estado. Sin embargo, tras hablar con muchos de ellos, he podido concluir que no ingresan al sector público por dos motivos: el tema económico y la falta de protección legal”, recalcó.
“Creo que si el Estado ve la forma de articular un sistema que los pueda blindar, pueden entrar unos 1.500 a 2.000 ejecutivos tops a los sectores más críticos de la economía [...] Creo que vamos a disminuir tremendamente no solamente el tema del riesgo de corrupción, sino comenzaremos a limpiar todos los procesos y hacerlos más eficientes”, agregó.
Asimismo, recordó que el presidente de la República mencionó este jueves que la corrupción le costaba al país aproximadamente US$10.000 millones; mientras que la contratación de ejecutivos top resultaría más beneficioso para la sociedad.
“Si pones la gente adecuada con el marco legal y laboral adecuados, se podría hacer [...] que ingresen al Estado 1.500 a 2.000 ejecutivos top a trabajar por cuatro o cinco años. Costará entre US$300 y US$350 millones al año aproximadamente, eso versus los US$10.000 millones de corrupción”, puntualizó.
