DPA.- El Estado colombiano vendió a la firma canadiense Brookfield Asset Management el 57,6% de las acciones que tenía en la empresa generadora y comercializadora de electricidad Isagen, en el final de un proceso de privatización marcado por la polémica.
Sectores políticos, tanto de la oposición de izquierda y derecha como de la alianza oficialista de centro-derecha que apoya al presidente de Colombia Juan Manuel Santos, le pidieron al Gobierno que suspendiera la venta al considerar irregular que existiera solamente un oferente.
La firma canadiense ofreció casi 6,5 billones de pesos (cerca de US$2.000 millones por un paquete de 1.500 millones de acciones, suma que fue aceptada por el Gobierno.
Mientras se realizaba la transacción en la sede de la Bolsa de Valores de Colombia, en el norte de Bogotá, decenas de personas, entre ellas sindicalistas y dirigentes políticos, protestaban por la venta de Isagen.
Brookfield se quedó de esta forma con la segunda empresa del sector eléctrico del país, después de Empresas Públicas Municipales (EPM). Isagen tiene siete centrales de generación de energía, seis de ellas hidroeléctricas y una térmica, que aportan el 16 por ciento de la electricidad que consume Colombia.
ANTECEDENTES
El Gobierno de Santos anunció en 2013 su intención de vender la participación estatal en Isagen con el objetivo de obtener recursos para financiar la construcción de carreteras.
Nueve firmas se mostraron interesadas en un comienzo en la compra, pero al final solo quedó Brookfield, después de que hace pocos días la compañía chilena Colbún anunciara que no participaría en la subasta por los plazos programados por el Gobierno colombiano y el precio mínimo.
Entre las firmas que en algún momento mostraron interés en participar en la subasta estuvieron la estadounidense Duke Energy, la china Haudian Corporation, la francesa GDF Suez y la brasileña Cemig.
Aunque sectores políticos y sociales pidieron al Gobierno dar marcha atrás en el proceso de privatización o al menos suspender temporalmente la venta hasta que más compradores potenciales estuviesen interesados, las solicitudes no fueron atendidas.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que la subasta con un único oferente no era irregular, pues las firmas que estuvieron interesadas inicialmente se fueron retirando sin recibir presiones.
Según Cárdenas, la venta de Isagen le asegura al país "la financiación del trascendental programa de construcción de autopistas de cuarta generación para mejorar la competitividad, impulsar el crecimiento económico y aumentar el empleo del país".
Como un recurso de última hora, los senadores Antonio Navarro Wolff, Viviane Morales y Jorge Robledo presentaron este martes ante el Consejo de Estado un recurso solicitando la suspensión de la venta.
Sin embargo, un magistrado del máximo tribunal de la justicia contenciosa administrativa rechazó la solicitud.
Navarro Wolff, del partido independiente Alianza Verde, dijo que el gobierno terminará pagando "un alto precio político" por no atender las peticiones de cancelar la venta de la empresa.
"Hay otras maneras de finalizar las vías de cuarta generación distintas a vender un bien que está produciendo unas utilidades cada año", dijo el senador.
Una postura similar a la de Navarro Wolff fue expresada por Morales, del Partido Liberal, integrante de la alianza de gobierno, y Robledo, del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo.
La críticas al Gobierno de Santos por este caso unieron a personajes que habitualmente tienen posturas muy diferentes en casi todos los temas políticos, como el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), máximo líder de la oposición de derecha, y el hasta hace dos semanas alcalde de Bogotá Gustavo Petro, uno de los principales dirigentes de izquierda.